Bravo pide una ley integral contra la trata que pueda abolir la prostitución

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha instado al poder legislativo a promulgar "una ley integral contra la trata y la explotación sexual que acabe con esa nueva modalidad de esclavitud del siglo XXI que es la prostitución".

Bravo ha lanzado esta petición en el transcurso de la conferencia que ha impartido este martes en el Consejo de Graduados Sociales de España bajo el título "Una sociedad sin violencia machista", según ha indicado en un comunicado la Generalitat.

La consellera ha definido la prostitución como otra de las violencias que se ejerce contra las mujeres, si bien está "tácticamente aceptada por la sociedad", y ha recordado que prostitución, pobreza y discriminación por razón de género "son caras distintas del mismo poliedro".

Bravo ha asegurado que, aunque no hay cifras oficiales, se calcula que alrededor de 100.000 mujeres ejercen la prostitución en España (el 80 % de ellas, forzadas a hacerlo) en más de 1.500 burdeles, pisos o en las calles para quince millones de clientes en un negocio que movió más de 3.700 millones de euros el año pasado.

"Esta cifra se entiende mejor si se compara con otra: en 2019, los españoles se gastaron en entradas de cine un total de 624 millones de euros. Seis veces menos, por lo que es evidente que tenemos un problema. Un problema enorme", ha manifestado la consellera.

Según Bravo, "antes incluso, de acometer la creación de esa nueva normativa, se debe revertir la reforma del Código Penal de 2015" y, en especial, el artículo 187.1, que exige demostrar vulnerabilidad de la víctima y/o abusos en el ejercicio de la prostitución, "como si la realidad no fuera lo suficientemente clarificadora cuando nadie duda que la prostitución y la pobreza están íntimamente ligadas".

Mientras se acomete "esa necesaria reforma del Código Penal y se avanza en la normativa integral para luchar contra la trata, algunas comunidades autónomas, como la valenciana, hemos empezado a caminar", ha explicado Gabriela Bravo.

En este sentido, ha recordado que la Generalitat ha modificado toda la normativa autonómica para adaptarla a los preceptos que establece el Convenio de Estambul.

Además, ha valorado la red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito donde se han atendido a 47.544 personas desde su puesta en marcha hace dos años, entre ellas, a más de 17.000 víctimas de violencia, es decir, a 24 mujeres cada día.

También ha destacado que la Comunitat Valenciana ha sido la primera en poner en marcha, el pasado mes de abril, las unidades comarcales de valoración integral de riesgo, tan demandadas por jueces y fiscales.