El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha defendido en Madrid la necesidad de cambiar el
sistema actual de financiación “por otro más igualitario, solidario y objetivo,
que termine con las desigualdades”, y se ha mostrado convencido de que la
mejora de la actual financiación de la Justicia es un problema que debe ser resuelto a
nivel nacional, y con todos los intervinientes: Ministerio de Justicia, CGPJ y Comunidades
Autónomas, entre otras instituciones.
Cabré,
que ha mantenido una primera toma de contacto con el nuevo ministro de
Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha recordado que la Generalitat ha puesto en funcionamiento 71 nuevas unidades judiciales en la última
legislatura (2007-2011), lo que ha supuesto una inversión de más de 28 millones
de euros. “Sin embargo, este esfuerzo presupuestario no tuvo su correlativa
respuesta por parte del Gobierno socialista: nuestra Comunitat se encuentra en
el penúltimo lugar entre las comunidades autónomas en cuanto a financiación por
habitante”, se ha lamentado.
El conseller se ha mostrado
partidario de profundizar en otras vías de financiación provenientes de la
gestión de la administración de Justicia en nuestra Comunitat y ha propuesto la
reversión a la Generalitat
del importe de los gastos mobiliarios e inmobiliarios ocasionados por la
apertura de nuevos órganos judiciales y la actualización de su coste de
funcionamiento, así como los rendimientos que generan las cuentas de depósitos
y consignaciones de los juzgados y tribunales de la Comunitat (que en
cuatro años habría supuesto unos 25 millones de euros).
Igualmente ha pedido la
reversión del importe recaudado por la tasa por litigar en los asuntos civiles
y contencioso-administrativos presentados en los juzgados valencianos (solo en
2010, casi 19 millones de euros); el importe de las multas que se impongan en
procedimientos tramitados en la
Comunitat, el producto de la subasta de las piezas de
convicción y bienes decomisados en los asuntos que conozcan los juzgados de la Comunitat, o la
adjudicación de las cantidades depositadas que no pueden devolverse a los
particulares, o que éstos renuncian a recoger.
El
conseller Cabré ha tratado también con el ministro la búsqueda conjunta de
fórmulas para que vengan a la
Comunitat los 15 jueces pendientes de 2010, tras recordar que
es la quinta comunidad con menos jueces, con una media de 9,8 por cada 100.000
habitantes.
Agrupación de
partidos judiciales
El
conseller ha explicado al ministro Gallardón que “la Generalitat es
partidaria de modificar los 36 actuales partidos judiciales, mediante la
agrupación o unificación de algunos de ellos y la posterior separación de
jurisdicciones”.
A su juicio, esa agrupación
permitiría optimizar los recursos existentes, reduciría los desplazamientos del
Ministerio Fiscal, ya que todos los Juzgados de Primera Instancia o Instrucción
se encontrarían en una sola localidad, y se reducirían sustancialmente los
tiempos de espera para la celebración de los juicios rápidos o las comparecencias.
El
conseller ha recordado que esta agrupación supondrá una mayor especialización,
“lo que sin duda conllevará una mejora en la calidad de la justicia, además de
ser un primer paso para la instauración de los Tribunales de Instancia”.
Posible reforma
de la Ley de
Asistencia Jurídica Gratuita
En relación a la situación
actual del turno de oficio, el conseller Cabré considera que “es el resultado
de un sistema retributivo útil e idóneo para el momento en que fue diseñado,
pero que el transcurso de los años ha demostrado deficitario”.
El titular de Justicia ha
lamentado la constante desviación al alza del coste anual del servicio respecto
de la cantidad inicialmente presupuestada como consecuencia de las sucesivas
reformas legales que han implicado un aumento del número de asuntos judiciales
en los que se requiere intervención del turno de oficio, o el incremento de la
litigiosidad derivado de la crisis económica, que junto con otros factores como
el incremento de la población extranjera, ha supuesto un aumento del recurso a
este derecho y por tanto del número de solicitudes y expedientes tramitados,
que desde el año 2003 a
2011 ha
crecido en un 98,3%.
“El coste del turno de
oficio y la asistencia jurídica gratuita que asume la Generalitat se ha
incrementado en este periodo más del 167%, pasando de 9,8 millones de euros en 2003 a 26,2 millones en 2010”, ha apuntado Cabré, que, no obstante, ha subrayado
el esfuerzo notable por parte del Consell, al incrementar el presupuesto
destinado al turno de oficio (un 12,07% más en el caso de los abogados y un
26,7% más en el caso de los procuradores).
El conseller ha trasladado
al ministro el compromiso de mantener el coste del servicio adecuándolo a lo
inicialmente presupuestado, así como la necesidad de estudiar una posible
reforma de la Ley
de Asistencia Jurídica Gratuita, “habida cuenta de que todas las comunidades
autónomas con competencias transferidas en Justicia llevan varios años
planteando la necesidad de modificar su planteamiento”.
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