La directora
general del Menor, Carolina Martínez,
ha defendido la cultura de la coordinación
entre profesionales y la necesidad de homogeneizar criterios a la hora de
definir el maltrato infantil. “Debemos aunar esfuerzos para detectar y prevenir
entre todos las situaciones de desprotección y de maltrato”, ha dicho.
Carolina Martínez, que ha asistido a la
inauguración de los Talleres de Coordinación
socio-sanitaria-educativa en la intervención ante situaciones de desprotección
y maltrato infantil en el municipio valenciano de Silla, ha apostado por la
transversalidad en los programas, por la elaboración de protocolos comunes de
actuación, y por “establecer y fortalecer canales de comunicación entre todos
los profesionales implicados en la detección de situaciones de desprotección de
menores”.
En concreto,
se ha dirigido a los profesionales de los equipos municipales de servicios
sociales, de los centros de salud y hospitales, y de los centros educativos, a
los que ha pedido “un esfuerzo común en la acción protectora: “En vuestras
manos está, junto con los profesionales de la Conselleria de Justicia y
Bienestar Social, el futuro de todos estos niños y jóvenes que puedan estar en
riesgo”.
Carolina
Martínez ha puesto el acento en la prevención “como eje central de la
intervención con el menor y su familia” y ha defendido además “enfocar el trabajo
común de una forma positiva, que ayude al menor y a sus progenitores a encarar
el futuro con optimismo”.
Medio centenar de profesionales
Estos talleres
que hoy han arrancado en L’Horta Sud fueron creados por la Dirección General
del Menor con el fin principal de que no quede ningún caso de maltrato sin
detectar ni identificar, para poder intervenir lo más diligentemente posible y
evitar consecuencias mayores, con la colaboración y cooperación de las
Consellerias de Sanidad y Educación.
Los
Talleres se iniciaron en mayo del 2005 y desde entonces se han realizado 14
ediciones agrupadas por comarcas. A lo largo de estos años han pasado un total
de 488 profesionales, 221 del ámbito sanitario, 238 del ámbito de servicios
sociales y 29 del ámbito educativo, constatando en los cuestionarios finales de
evaluación el interés por los mismos, y la necesidad de establecer mecanismos
concretos de coordinación.
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