Carta abierta al President de la Generalitat Valenciana: sobre la inacción de Les Corts y la recuperación del Derecho Civil Valenciano

La reciente comunicación remitida el 22 de octubre de 2025 por Francina Armengol, en su condición institucional, vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que en la Comunitat Valenciana lleva demasiado tiempo encallada: la designación de representantes por parte de Les Corts Valencianes en los órganos de relevancia estatal. Seis meses han pasado. En el mismo tiempo Formentera ha conseguido tener un senador con apenas 11.500 habtitantes.

No estamos ante un mero trámite administrativo. Estamos ante una cuestión de dignidad institucional, de cumplimiento del mandato representativo y, sobre todo, de respeto al autogobierno valenciano. Somos un pueblo sin autoestima.

Resulta difícil comprender cómo, tras años de reivindicación política y jurídica, seguimos atrapados en una parálisis que debilita nuestra posición en el conjunto del Estado. La falta de acuerdo en Les Corts no puede convertirse en excusa permanente para incumplir responsabilidades básicas. Cuando la política se bloquea, el sistema constitucional ofrece mecanismos; lo que no ofrece es legitimidad para la inacción indefinida.

Ya en 2020 se planteó una propuesta de carácter constitucional que, sin vulnerar el marco jurídico vigente, abría la puerta a soluciones en situaciones de bloqueo institucional. Aquella propuesta, ignorada en su momento, cobra hoy una vigencia indiscutible: si Les Corts no cumplen, deben activarse vías que garanticen la representación efectiva de la Comunitat Valenciana.

Por ello, esta carta plantea con claridad una exigencia: si la situación de bloqueo persiste, debe promoverse la convocatoria de tres representantes que integren una delegación valenciana, conforme a criterios de pluralidad y legitimidad democrática, evitando así que la Comunitat continúe perdiendo voz en decisiones clave. Por favor, TOTS A UNA VEU.

Pero el problema es más profundo. Esta inacción no es un hecho aislado, sino un síntoma de una renuncia más amplia: la incapacidad de las instituciones valencianas para defender con firmeza sus competencias históricas. El caso paradigmático es la recuperación del Derecho Civil Valenciano.

Conviene recordar que esta reivindicación no ha nacido únicamente de los partidos políticos. Muy al contrario, ha sido impulsada de forma constante y rigurosa por la sociedad civil organizada, con un papel especialmente destacado de la Associació de Juristes Valencians. Esta entidad ha liderado durante años una labor pedagógica, jurídica e institucional ejemplar, logrando consensos amplísimos en ayuntamientos, diputaciones y entidades sociales, y situando la cuestión en la agenda política de forma persistente.

Pero ¿de qué hablamos exactamente cuando hablamos de Derecho Civil Valenciano?

Hablamos de la capacidad de la Comunitat Valenciana para legislar en materias de derecho privado que afectan directamente a la vida cotidiana de las personas: el régimen económico matrimonial, las uniones de hecho, las relaciones familiares, las herencias o la custodia compartida, entre otras cuestiones.

Se trata de una competencia histórica, vinculada a los antiguos 'Furs' del Reino de Valencia, que fueron abolidos en el siglo XVIII y cuya recuperación parcial se intentó en el marco del Estado autonómico. De hecho, la Generalitat llegó a aprobar normas propias en materia civil, como la regulación del régimen económico matrimonial valenciano o leyes sobre custodia compartida.

Sin embargo, estas normas fueron posteriormente anuladas por el Tribunal Constitucional, no por su contenido, sino por una interpretación restrictiva del marco competencial, al considerar que la Comunitat Valenciana no había conservado un derecho civil foral propio en el sentido exigido por la Constitución.

Esta situación ha generado una evidente anomalía: territorios con derecho civil propio pueden adaptar sus normas a su realidad social, mientras que la Comunitat Valenciana, pese a su historia jurídica, queda excluida de esa capacidad normativa.

Por eso, la reivindicación actual no es meramente simbólica. Es una propuesta concreta: reformar la Constitución para reconocer explícitamente la competencia valenciana en materia de derecho civil, corrigiendo así una desigualdad que carece de justificación en términos de cohesión territorial o justicia jurídica.

Es aquí donde la crítica debe ser directa: no basta con declaraciones institucionales ni con consensos retóricos. La recuperación del Derecho Civil Valenciano exige liderazgo, estrategia jurídica y presión política sostenida. Y, sobre todo, exige instituciones que funcionen.

Un parlamento bloqueado no puede liderar ninguna reivindicación. Una autonomía que no se representa a sí misma difícilmente podrá reclamar nuevas competencias.

President, la situación actual requiere algo más que prudencia: requiere decisión.

Si Les Corts no actúan, el Consell debe explorar todas las vías legales y constitucionales disponibles para garantizar la representación valenciana y reactivar una agenda política que incluya, de forma prioritaria, la recuperación del Derecho Civil Valenciano.

Porque no se trata solo de cumplir con una designación pendiente.

Se trata de recuperar la capacidad de decidir, de representar y de avanzar como pueblo.

Y eso, hoy, sigue siendo una tarea pendiente.

Termino agradeciendo a José Ramón Chirivella como presidente de la Associació de Juristes Valencians por su liderazgo y trabajo sostenidos.

Señores del PP, PSOE y Compromís, póngase de acuerdo. Es momento. Formentera lo ha conseguido.