Catalá (PP) propone la creación de una Oficina Antiokupa para asesorar a los vecinos de València que sufren una ocupación de sus viviendas

La portavoz del PP, María José Catalá, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación junto con el senador del PP, Fernando de Rosa, para anunciar que en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Valencia propondrá la creación de una Oficina Antiokupas de asesoramiento para los vecinos y comunidades de propietarios que sufran la ocupación de sus viviendas. 

Ante el incremento de casos de ocupación ilegal de viviendas y la pasividad el Gobierno de Pedro Sánchez, el senador Fernando de Rosa, ha anunciado también que el PP ha propuesto un plan Anti-okupación, plasmado en una Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, presentada en el Congreso de los Diputados el pasado 1 de julio de 2020 (BOCG 17 de julio de 2020).

Las denuncias por ocupación durante el primer semestre de 2020 han crecido un 29,6% en la provincia de Valencia respecto al primer semestre de 2019, pasando de 257 a 333 denuncias. En la Comunitat Valenciana ese incremento ha sido del 14,1% mientras que a nivel nacional se ha producido un incremento del 5,03%.

Unos datos que María José Catalá ha considerado “muy preocupantes” y que por el número de población y viviendas, “nos hacen dilucidar que en gran medida el aumento de las okupaciones  en la provincia se hayan producido en Valencia”. Es por ello que la portavoz popular ha informado que va a solicitar una reunión con la Delegada del Gobierno para conocer el alcance de las ocupaciones en la ciudad.  

La portavoz popular ha anunciado también que pedirá una reunión con la Fiscalía provincial para pedir que la Policía Local pueda tener acceso a las agendas judiciales, “y de esta manera puedan ayudar a los vecinos y comunidades de propietarios que ven ocupadas sus viviendas”. 

Por su parte, el senador Fernando de Rosa ha explicado que la proposición de Ley que el PP defiende recoge una serie de modificaciones legislativas que se resumen en:

1- Recupera el delito de usurpación de un bien inmueble, con penas de prisión de 1 a 3 años

2- Pide que el desalojo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueda hacerse en 24 o un máximo de 48 horas, dando plena seguridad jurídica a los servidores públicos.

3- Prohíbe que los ayuntamientos permitan empadronarse a los okupas, como ocurre actualmente 

4- Facilita que las comunidades de vecinos, ante comportamientos violentos de los okupas, puedan actuar directamente ante los tribunales

5.- Permite que los propietarios que sean personas jurídicas puedan actuar contra la okupación y puedan tomar medidas legales

Todas estas medidas, ha resaltado el senador popular, “tienen que venir acompañadas de acciones sociales para ayudar a las personas y familias más necesitadas y vulnerables para que se les garantice el derecho a una vivienda digna”.