Portavoz del PP, Maria José Catalá. -EPDA La portavoz del Grupo
Municipal Popular, María José Catalá, ha valorado como “muy grave” el escrito
que remitió desde la propia alcaldía de Valencia a todos los jefes de servicio
para instalarles a que se pronuncien "sobre la necesidad de una nueva
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la ampliación norte del puerto y que
les pida que avalen su plan para frenar el crecimiento del puerto. Esta es una
competencia de los técnicos de los Ministerios de Infraestructuras y Medio
Ambiente quienes deben pronunciarse sobre la necesidad de una nueva Declaración
de Impacto Ambiental".
“Nos parece muy grave porque debe ser una
decisión técnica y no política, y no puede el alcalde utilizar y condicionar a los
técnicos municipales para apoyar su posición política contra un crecimiento del
puerto de Valencia, poniendo en riesgo la competitividad de nuestro puerto y la
generación de puestos de trabajo”, afirma la portavoz.
Para Catalá la
instancia que hace la propia alcaldía “condiciona a los técnicos para que
los informes sean favorables a la postura del alcalde de reclamar una nueva DIA
y bloquear el proyecto de crecimiento del puerto de Valencia, poniendo en
peligro más de 40.000 empleos”. Para la portavoz del PP, “deben ser los
técnicos del Gobierno de España quienes informen si se necesita o no una nueva
Declaración de Impacto Ambiental”.
Catalá ha pedido
“trellat” al gobierno de Ribó sobre la ampliación del puerto. “No deben ser
ni los jefes de servicio del Ayuntamiento ni el alcalde ni el ministro quienes
decidan si debe hacerse una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por la
ampliación del puerto”.
La portavoz asegura que “soy
la primera en oponerme cualquier actuación que vaya contra la calidad ambiental
de la ciudad de Valencia, pero no soy técnica especialista en la materia, por
ello pido que el Gobierno central encargue un informe a sus técnicos sobre la
necesidad de una nueva DIA”.
Catalá afirma que “ni
debe ser el alcalde ni el ministro quien lo diga sino los técnicos del Estado
los que realicen un informe. Lo que me parece más grave es que Ribó no puede
ordenar a sus jefes deservicio que le hagan los informes a la carta para
justificar su posición política”.
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