Català (PPCV): "La nueva orden de conciertos es una cacicada de Compromís"

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Mª José Català, ha afirmado hoy que “la nueva orden de conciertos educativos es una cacicada de Compromís”.

Català se ha pronunciado así en declaraciones en Les Corts, donde ha señalado que la orden de conciertos educativos “puede ser considerada contraria a la Ley Orgánica de Educación en lo dispuesto en el artículo 68 de la LOMCE, que modifica el artículo 109 de la LOE. En ese sentido, ha anunciado que desde el GPP se van a estudiar medidas legales contra esta orden “pues ignora el respeto a la decisión de las familias y la obligación de la administración de programar la oferta educativa teniendo en cuenta la demanda social”.

Así, la ley orgánica establece:

Sesenta y ocho. El artículo 109 queda redactado de la siguiente manera: Artículo 109. Programación de la red de centros.

1.En la programación de la oferta de plazas, las Administraciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación y los derechos individuales de alumnos y alumnas, padres, madres y tutores legales.
2.Las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de las enseñanzas que en esta Ley se declaran gratuitas, teniendo en cuenta la programación general de la enseñanza, las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos y, como garantía de la calidad de la enseñanza, una adecuada y equilibrada escolarización de los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo, tomando en consideración la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social. Asimismo, las Administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas suficientes.

La portavoz adjunta popular ha indicado que la orden de conciertos del Consell supone “un golpe mortal a la concertada, a la libertad de las familias y una insumisión clara a una ley orgánica”. “Es un claro retroceso y una absoluta arbitrariedad. Con esta orden retrocedemos 50 años en el tratamiento de los conciertos educativos y fijamos a la concertada como subsidiaria y no complementaria de la oferta pública”, ha explicado.

Para la diputada, “se trata de una orden que muestra claramente el talante de Compromís, pues no puede ser tildada de otra forma que una cacicada de Marzà”. Así, ha señalado que los criterios para establecer conciertos “son absolutamente arbitrarios”, y ha citado el artículo 36 de la orden, sobre que los baremos serán determinados de forma unilateral por la administración, que será quien determinará en qué municipios se suscribirán conciertos singulares y fijará mediante resolución cuándo se considera que un centro educativo atiende población escolar de condiciones económicas desfavorables y que experiencias debe entenderse que tienen interés pedagógico.

Dinamitar ayudas universales

Català ha indicado, asimismo, que Compromís “ha dinamitado la universalidad de las ayudas de 0-3 años fijando el criterio renta en la única ayuda pública que había con carácter universal”.

“Estamos ante un nuevo retroceso educativo, pues los últimos 30 años nuestras leyes han fijado su objetivo en la universalidad de la educación de 0-3 años. Por eso estas ayudas tenían carácter universal, porque la administración siempre tiene que incentivar una educación que pese a no ser obligatoria es determinante para el itinerario académico del estudiante”, ha indicado.

La diputada ha señalado que el día 7 de diciembre se publicó la resolución de las ayudas y fija un plazo que termina el 13 de enero para que los centros recojan los bonos firmados por las familias. “Se ha publicado en una semana atípica, por cuanto no todos los días han sido laborables. Hay festividad y alevosía”, ha añadido.

Por último, la portavoz adjunta popular ha afirmado que los centros “han sufrido retrasos intolerables en los pagos y han adelantado las ayudas a los padres”. Además, ha señalado que el programa experimental de 2-3 años en las escuelas públicas “y la torticera y malintencionada tramitación del bono infantil responden a un objetivo claro: terminar con todo un sector que tiene trabajadores y profesionales que confiaron en la administración que ahora les da la espalda estableciendo una absurda carrera de obstáculos para seguir prestando un servicio necesario y profesional”.

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