CC.OO.
está preparando un calendario de actos y movilizaciones para
reivindicar la función constitucional de los sindicatos, que
comenzará el próximo día 1
de julio, en
un acto sindical en Madrid con intervenciones sindicales de los
secretarios generales, representante de la CES y de un sindicalista
procesado en representación del conjunto de ellos. El día 9
de julio,
tendrán lugar concentraciones ante las delegaciones y
subdelegaciones del Gobierno en toda España, en defensa de la
libertad sindical y de los y las sindicalistas afectados y afectadas
por los procesos.
El
ejercicio de la libertad sindical ha conocido en los últimos años
una creciente y preocupante intervención del Ministerio Fiscal, que
puede estar ejerciendo la acusación pública con finalidad
discriminatoria. A juicio de CCOO, “la acusación penal, que
acarrea la imputación de delitos para los que se piden hasta ocho
años de cárcel para representantes sindicales, es una injerencia de
los poderes públicos en el funcionamiento de las organizaciones
sindicales y una restricción ilegítima de derechos democráticos y
de manera singular, del derecho de huelga. No se trata de un acto que
carezca de consecuencias jurídicas inmediatas. Implica la
vinculación a un proceso y la sumisión a medidas cautelares tanto
personales como de exigencia de fianzas y asunción de daños por
parte de la acusación”.
Resulta
especialmente determinante la intervención del Ministerio Fiscal, y
por lo tanto del poder ejecutivo, en la criminalización de la
respuesta social y sindical. CCOO llama la atención sobre el solemne
silencio político e informativo que acompaña a la campaña de
intimidación observada en el ejercicio de estas prácticas
sancionadoras contra la actividad sindical, y especialmente contra
representantes del sindicato. No vamos a permanecer callados ni
parados. CCOO activará una agenda de contactos y reuniones con la
Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder judicial,
las organizaciones profesionales de la justicia, el Comité de
Libertad Sindical de la OIT y los grupos parlamentarios para
trasladarles la situación aquí denunciada. Igualmente, debatirá y
reflexionará con ellos de propuestas de cambios normativos en el
ámbito penal. Y estudiará en sus órganos de dirección, en
contacto con todas las estructuras del sindicato, un calendario de
movilizaciones contra la vulneración de los derechos sindicales.
Recientemente,
en una sentencia de fecha 18 de junio del 2014, el Juzgado nº 2 de
lo penal de Logroño declara la LIBRE ABSOLUCION DE LOS DELITOS DE
DAÑOS Y COACCIONES y la EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL a
cinco sindicalistas de CCOO. La sentencia deja clara la falta de
carga probatoria y explica de manera clara que la mera presencia en
un piquete informativo no constituye delito de coacción,
reconociéndose la actividad protegida del derecho a la huelga y la
publicidad de sus motivos, estando los piquetes plenamente
legitimados para intentar convencer en los centros de trabajo a los
trabajadores para que la secunden. Y, por tanto, esta sentencia viene
a confirmar el abuso que supone para el erario público la
utilización de los juzgados con el objeto de armar una campaña
intimidatoria para devaluar y criminalizar el ejercicio del derecho
de huelga.
Aunque
CCOO nos felicitamos por esta sentencia, debemos recordar que al
menos 56 causas penales siguen abiertas en los juzgados del país con
más de 200 compañeros y compañeras imputadas, a las que se piden
duras condenas de cárcel. Hay penas que son firmes y personas
inocentes pueden ir a la cárcel en una persecución judicial que no
tiene precedentes en la Democracia española.
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