El sindicato se refiere a empresas de transporte o gestoras de espacios públicos, entre otras. EFE La Federación de Servicios de CCOO PV ha remitido escritos a la Dirección General de Trabajo, a la Autoridad Laboral, a la Secretaría Autonómica de Empleo y la Dirección General de Labora, así como al coordinador territorial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la Comunidad Valenciana, en los que reclama que no se autoricen ERTE en empresas con contratos públicos en vigor.
Es el caso, explican de empresas que gestionan la ORA, piscinas, instalaciones deportivas o culturales, de transporte escolar, urbano o de viajeros.
CCOO está constatando cómo estos días "numerosas empresas que tienen suspendido un contrato público en las distintas administraciones, están planteando y solicitando la aprobación de ERTE como consecuencia del COVID-19, en lugar de acogerse a lo previsto en el citado artículo 34 del RDL 8/2020".
Según explica este sindicato, la normativa aprobada recientemente para hacer frente a esta crisis y ayudar a las empresas, "no les ofrece un derecho de opción sobre el procedimiento a aplicar, o ERTE o acogerse al artº 34, de modo que obligatoriamente han de utilizar la vía del derecho a indemnización previsto en esta normativa".
"Desde FSC CCOO PV no podemos compartir ni permanecer impasibles ante la actuación de empresas que, para minimizar el riesgo y ventura que todo negocio comporta, pretenden derivar hacia el SEPE el coste de los gastos imputables por la suspensión automática como consecuencia de la declaración de alarma, en lugar de seguir el procedimiento previsto en el artículo 34 del RDL 8/2020", ha asegurado su secretario general, Juan Cruz.
Asimismo, CCOO solicita que las distintas administraciones públicas agilicen al máximo el procedimiento previsto para indemnizar a las empresas afectadas por esta suspensión de los contratos, a fin de evitarles mayores dificultades.
"Exigimos, que no sean cómplices, por su posible desidia o lentitud, en que las empresas quieran derivar sus gastos al servicio público de empleo", concluye Juan Cruz.
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