Choque total entre Moncloa y el Consell por la regularización de migrantes 48 horas después de entrar en vigor la medida

Nueva guerra política entre izquierda y derecha. Ahora, una vez más, por uno de los temas estrella: la inmigración. Hace dos días entró en vigor la regularización extraordinaria de personas migrantes impulsada por el Gobierno central. En las comunidades autónomas, la mayoría —como la Comunitat Valenciana— gobernadas por el PP, no ha sentado nada bien la medida. Los populares se oponen rotundamente a la forma en la que está planteada. 

Aquí en casa, mientras la Delegación del Gobierno (PSOE) subraya el impacto positivo de la medida, el Consell (PP) ya ha anunciado que recurrirá el decreto al considerar que supondrá una “tensión extraordinaria” para los servicios públicos. 

En datos, cerca de 100.000 personas podrán beneficiarse de este proceso en territorio valenciano, dentro de una previsión estatal que ronda el medio millón de regularizaciones. Se trata de una de las mayores iniciativas de este tipo en las últimas décadas, con el objetivo de dar cobertura legal a personas extranjeras en situación administrativa irregular que ya residen y trabajan en España.

La delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, ha defendido la medida como una apuesta “de país” que permitirá reforzar el mercado laboral y la cohesión social. “España quiere mirar al futuro, y eso significa tener una sociedad fuerte, con trabajadores y trabajadoras que también enriquecen nuestra convivencia”, ha afirmado. La delegada ha destacado además el amplio respaldo institucional y social al proceso, aprobado en el Congreso con el voto favorable del PP y respaldado, según recordó, por la Conferencia Episcopal, la patronal y los principales agentes sociales.

En la ciudad de Valencia, los dos primeros días de aplicación de la medida han evidenciado ya las dificultades operativas. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, ha reconocido que los servicios municipales no han dado abasto ante la avalancha de solicitudes, con largas colas y momentos de tensión en los accesos al consistorio desde el jueves. 

El portavoz municipal, Juan Carlos Caballero, ha calificado el proceso de “chapuza” y ha denunciado la falta de planificación del Gobierno central, que —según ha señalado— ha obligado a reforzar el padrón, el registro y la presencia policial. Además, ha advertido de que el colapso se ha visto agravado por la llegada de personas derivadas desde otros municipios del área metropolitana, lo que, a su juicio, está desbordando aún más la capacidad de respuesta de la administración local.

La propia delegación del Gobierno ha reconocido que el despliegue de la medida puede generar tensiones administrativas, especialmente en las oficinas de extranjería, donde el sindicato CCOO ya ha convocado movilizaciones por la sobrecarga de trabajo. En este sentido, la delegada Pilar Bernabé ha asegurado que el Ministerio competente mantiene conversaciones abiertas para abordar esta situación.

Apenas 48 horas después del inicio del proceso, el Gobierno valenciano ha marcado distancias y ha elevado el tono. El conseller portavoz, Miguel Barrachina, anunció este viernes que el Consell recurrirá el decreto al entender que la regularización puede desbordar la capacidad de los servicios públicos autonómicos.

“El efecto llamada que está creando el Gobierno hará que la sanidad, la educación y la vivienda se vean enormemente resentidas”, advirtió Barrachina tras el pleno del Consell. A su juicio, la medida se ha adoptado sin una financiación adicional para las comunidades autónomas, lo que agrava su impacto. En este sentido, contrapuso las cifras oficiales del Ejecutivo central —que sitúan en 500.000 las personas regularizadas— con estimaciones de la Policía que elevan esa cifra por encima del millón.

Pese a sus críticas, el portavoz del Consell insistió en la necesidad de garantizar “el trato más humano posible” a las personas migrantes, aunque defendió que su llegada debe estar vinculada a un empleo. Asimismo, acusó al Gobierno de utilizar esta iniciativa para desviar la atención del debate político nacional.