Teresa Ortiz. /EPDA Es una evidencia que la situación económica actual es más que preocupante. La escasez de materiales semiconductores, en un primer momento, junto con el incremento del precio de los combustibles, ha supuesto un crecimiento desmedido en los precios, haciendo que la inflación llegue a situarse hasta en el 10,4% durante el mes de agosto. La repercusión de la subida de estos precios en los ciudadanos es directa, debido a que se traslada de manera proporcional en la cesta de la compra. Los recibos de la luz y el gas, los carburantes de las gasolineras, la alimentación, la restauración, la moda, el ocio y la mayoría de los servicios, especialmente los que usan materiales consumibles para llevar a cabo su finalidad, están sometidos en mayor medida al huracán inflacionista.
En esta "nueva crisis" hiperinflacionaria que estamos sufriendo las herramientas habituales no están funcionando, tal y como he relatado en mis anteriores artículos. Aún estamos muy cerca de la tan temida estanflación habiéndola rozado en varias ocasiones. Con todo, los expertos consideran que la inflación puede haber tocado techo o esté a punto de hacerlo. Según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa interanual de inflación se desaceleró en agosto respecto al mes de julio, aunque el organismo prevé que se mantenga en niveles altos durante unos meses bajando luego, siempre y cuando la situación económica no empeore drásticamente o se produzcan restricciones totales y duraderas del suministro del gas ruso.
A pesar del dato expuesto, actualmente existe mucha incertidumbre y se prevé que el IPC podría acabar en torno al 8% en diciembre de 2022, que no así los salarios. Todo ello sin tener un margen de magnitud fiable sobre el nivel de desempleo que pueda acabar dándose al final de ejercicio vigente, aunque no se auguran buenas cifras. Además, para agravar la situación futura, se prevé por parte de algunos Think thanks que para mediados de 2023 se dé otra recesión de carácter global, que afectaría con mayor intensidad a las economías como la española, más débiles estructuralmente y menos diversificadas.
En todos estos contextos de crisis económica, el gran enemigo a combatir es la pobreza. Incluso antes de la crisis de la COVID-19, el informe presentado de la 'Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN)' de 2019, señalaba que alrededor de 2,5 millones de españoles vivían en situación de pobreza severa. Las personas que estaban en riesgo de pobreza severa en nuestro país suponían el 25% del total de la población y el 55,3% de los españoles afirmaba tener alguna dificultad para llegar a fin de mes y vivía al límite de sus posibilidades. La tasa de pobreza de las personas que tenían trabajo era del 13,2%, habiendo estado el país en cifras por encima del 14%, desde el año 2014. Como puede verse, ya en el contexto previo a la crisis de la COVID-19, era claramente demostrable que tener trabajo en nuestro país no era garantía, ni siquiera, de tener cubiertas ciertas necesidades básicas.
El principal indicador sobre la pobreza en España es el AROPE, que contabiliza las personas afectadas por al menos uno de estos problemas: pobreza monetaria, situación de privación material severa o que viven en hogares con muy poca intensidad de trabajo. La tasa AROPE de España, desde el año 2010, suele ubicarse entre las más altas de todos los países de la Unión Europea. De hecho, en 2019, el indicador español, solo fue superado por Bulgaria, Rumanía, Grecia, Lituania, Italia y Letonia. Así mismo, el 'Informe AROPE', publicado en octubre de 2020, indicaba que el 27% de los españoles se encontraba en riesgo de pobreza.
A cierre de 2021, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE se situaba en el 27,8% de la población residente en España y afectó a 13.176.837 personas. Se indicaba también que 10.285.517 millones de personas viven con ingresos inferiores a 794,6 euros al mes. El porcentaje de población en situación de carencia material y social alcanzaba a 3,9 millones de personas.
Con estos datos, se concluye que hay ciertos tipos de trabajo que no protegen de la pobreza. Las nuevas tendencias del mercado laboral español, respecto al aumento del trabajo a tiempo parcial y de muy corta duración, han contribuido a la precarización de las condiciones laborales y salariales y, por ende, han condenado a un porcentaje muy importante de trabajadores a la pobreza o al umbral de esta. En todo este contexto es muy preocupante que el ministro Escrivá, ante una subida de los datos del paro de agosto de 2022, siga viendo comparativamente brotes verdes, lo que indica el nivel de alienación que presenta el equipo de Pedro Sánchez con la situación actual.
Podemos salir de la crisis inflacionaria en unos meses, pero de ser ciertos los indicios de próxima contracción de la economía mundial, los españoles nos encontramos en una situación de partida de pobreza en la sociedad que es más que alarmante para afrontar nuevos duros retos. Podríamos estar ante una auténtica emergencia social a finales de 2023 en muchos frentes y dimensiones y hemos de estar preparados.
Al margen de las consecuencias de la crisis de la COVID-19 y las posteriores crisis solapadas, la situación actual de pobreza viene, en gran medida, derivada de las políticas económicas que se adoptaron a partir del Crash de 2007-2008 y que se han venido acrecentando hasta ahora. Los ciudadanos se encontraron una situación económica sobrevenida de depresión y no tuvieron ninguna oportunidad de poder combatirla. Estas últimas crisis han evidenciado que la economía no funciona sin las personas que consuman los bienes y servicios. Por otro lado, tras el sufrimiento de muchas empresas y de muchos autónomos para poder recuperarse del impacto del Crash de 2007-2008, estas nuevas crisis, les han añadido muchas tensiones económicas por mantener la solvencia de sus negocios.
Desde la escala de ciudad (municipal) a escalas autonómicas y nacionales hemos de estar preparados ante el fundamental reto económico y social de acabar con la pobreza. Como solución obvia es necesario proveer de empleo a las personas que no lo tienen. Las ayudas económicas son también muy necesarias como herramienta paliativa. En este sentido, es necesario que las personas que no tienen acceso a recursos puedan alcanzar, cuanto antes, el ingreso mínimo vital, sin menoscabo del arduo trabajo que hay que llevar desde las instituciones para proveer del debido empleo a las personas que lo buscan, como he subrayado. Al final, realmente, sin duda alguna, todas y todos nos encontramos en el mismo barco.
Creo firmemente que una de las claves para combatir estas crisis solapadas va a consistir en el reparto de los esfuerzos y en la moderación. Debe darse un equilibrio económico en el que intervenga el Gobierno, los ciudadanos, los sindicatos y otras fuerzas sociales y evitarse a toda costa los globos sonda o las ocurrencias del gobierno que encarezcan la vida y/o amenacen aún más a la ya cansada clase media. No sería justo. Aunque con Sánchez y su equipo de gobierno todo es posible, pues solo están pendientes de las encuestas de intención de voto y no de los problemas reales de los ciudadanos.
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