Compromís acabó haciendo en Chiva lo mismo que denunciaba en su programa electoral en 2015: política indiscriminada de primas a algunos empleados del Ayuntamiento, lo que les ha llevado a los tribunales por presunta prevaricación

Compromís proponía esto con valentía en 2015.

Programa de Compromís de 2015. El alcalde, Emilio Morales. EPDA

Compromís acabó haciendo en Chiva lo mismo que denunciaba en su programa electoral en 2015: política indiscriminada de primas a algunos empleados del Ayuntamiento. El alcalde de Chiva, de Compromís, y otros cuatro concejales de su equipo de gobierno están siendo investigados por el juzgado de Requena como presuntos autores de un delito de prevaricación. El origen está en la aprobación de productividades a funcionarios de este Consistorio de la comarca de la Hoya de Buñol, uno de ellos también político, en concreto un diputado provincial del Partido Popular, pese a no haberse aprobado las cantidades preceptivas en un pleno municipal, y con informes en contra de secretaría e intervención. Como viene publicando en exclusiva El Periódico de Aquí desde el jueves, se habrían pagado más de un millón de euros en productividades desde el 2016, de las cuales 400.000 euros durante el año 2020. Todos los abonos mensuales de productividad están acompañados de informes desfavorables, realizándose pagos discrecionalmente.

Pero todo lo que se ha estado haciendo desde 2016, con Compromís liderando el gobierno municipal junto a Vecinos Independientes de Chiva e Izquierda Unida, es lo mismo que el partido de Mónica Oltra denunciaba en su programa electoral con el que se presentó a las elecciones municipales de mayo de 2015 y que les llevó a la alcaldía. Literalmente, se recogía: ''NO A LA DISCRIMINACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. Acabaremos con la política discriminatoria de primas a algunos empleados del ayuntamiento impuesta por Haro para premiar a sus afines y allegados y que el año 2014 supuso un total de unos 130.000 euros, repartidos entre 25-30 trabajadores, percibiendo algunos de ellos hasta 8.600 euros anuales. Un auténtico despilfarro e insulto para el resto de empleados y para los vecinos de Chiva desempleados''. Llama la atención que hasta marzo de 2016 nunca hubo informes, ni a favor ni en contra, de las productividades que aprobaba el gobierno municipal del PP de José Manuel Haro. Sin embargo, desde abril de ese año tanto secretaría como intervención comenzaron a emitir informes desfavorables a las productividades propuestas por el gobierno liderado por Compromís. Éste y sus socios -salvo IU- obviaron los reparos de las dos habilitadas nacionales.

La propaga ha actuado como un bumerán y se ha vuelto en contra de Compromís, que ha acabado haciendo lo mismo presuntamente, según consta en las diligencias previas y toda la documentación que obra en poder de El Periódico de Aquí, con más de un millón de euros pagados como productividades a determinados trabajadores del Ayuntamiento con el agravante de que se ha hecho con la oposición de los habilitados nacionales, el secretario y la interventora, lo que sería un presunto delito de prevaricación que podría tener aparejado incluso delito de cárcel.

Por este motivo, tendrían que haber ido a declarar ayer al juzgado 1 de Requena, tanto el alcalde, Emilio Morales, de Compromís, como su compañera de partido Cristina Suárez y Manu Clemente (Chiva Unida-Izquierda Unida); los dos concejales de Vecinos Independientes de Chiva, Fernando Casanova y Joaquín Furriol y la ex concejala Diana Oliva. Finalmente, lo harán el 6 de de abril, al haberse suspendido la víspera la comparecencia.

SILENCIO EN COMPROMÍS, POSTURA DE IU

La líder del Bloc y de Compromís, Àgueda Micó, señaló a El Periódico de Aquí el jueves vía whatsapp que no haría declaraciones hasta hablar con los afectados y conocer mejor el caso. Hoy sábado todavía no ha respondido a ElPeriódico de Aquí.

Quien sí se ha pronunciado ha sido el portavoz de IU, Manuel Clemente, quien llegó a salirse del equipo de gobierno al ver sospechas de ilegalidad de sus compañeros. Izquierda Unida de Chiva recuerda que nunca votó a favor de las productividades que han llevado a los tribunales a varios concejales del gobierno municipal encabezado por Compromís -dos veces se abstuvieron y el resto votaron en contra-. Su portavoz, Manuel Clemente, quien también ha sido llamado a declarar, ha explicado a El Periódico de Aquí, que desde que la secretaria comenzó a emitir informes en contra de las productividades en el año 2016, tras una denuncia del Partido Popular, la formación de izquierdas siempre se posicionó en contra, absteniéndose como miembro de la anterior junta de gobierno. La formación ya sospechaba que lo que aprobaban sus compañeros podía ser ilegal, según fuentes de IU. ''Dos habilitadas nacionales, secretaria e interventora, te dicen por escrito que es pagos no proceden. ¿Qué hacemos? Pues desmarcarnos, obviamente'', han señalado las mismas. Los dos primeros meses de reparo, abril y mayo de 2016, se abstuvo. En junio de ese año se salió del equipo de gobierno y en la nueva legislatura, desde julio de 2019, siempre votó en contra.

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Según el informe de intervención al que ha tenido acceso El Periódico de Aquí, en marzo de 2019 la interventora recogía que ''el artículo 214 del RDL 2/2004, somete a fiscalización “todos los actos de las Entidades Locales que den lugar al reconocimiento de (...) obligaciones o gastos de contenido económico con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso”. En el segundo punto, señalaba que ''se deduce del informe del Sr Secretario , que la Propuesta no cumple con lo establecido en el artículo 5 del RD 861/1986 , pues no consta en este Departamento que exista acuerdo de Pleno por el que se hallan aprobado los criterios en base a los cuales se distribuyen las productividades, ni existe en el expediente justificación objetiva de la asignación de cada una de las mismas''. Y en el tercer apartado, ''los motivos y efectos de los reparos vienen regulados en los artículos 215 y 216 del RDL 2/2004, sí bien en este caso la disconformidad no tiene efectos suspensivos de acuerdo con las citadas normas''. Por esta razón, ''de acuerdo con lo anteriormente expuesto la funcionaria que suscribe INFORMA DE DISCONFORMIDAD el reconocimiento de las obligaciones, ordenación de pago y pago material que se pretende''.

La interventora se basa en el informe del secretario municipal que manifestaba, a su vez: ''Vista la Providencia de Alcaldía firmada en fecha 22 de marzo de 2019, por la que se solicita a Secretaría informe sobre la legislación aplicable y procedimiento a seguir en relación al complemento de productividad. El presente informe se emite de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. BOE n.º 67, de 17/03/2018'' y repasa la legislación aplicable:

Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local (LRBRL).

R.D. 861/1986, de 18 de abril, sobre Retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local (R.D.861/1986).

En relación con la productividad, dispone el artículo 5 del RD 861/1986 que “1. El complemento de productividad está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo

En el informe de secretaría, se señala que ''la apreciación de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo. Corresponde al Pleno de cada Corporación determinar en el presupuesto la cantidad global destinada a la asignación de complemento de productividad a los funcionarios dentro de los límites máximos señalados en el artículo 7. 2.b) de esta norma. Corresponde al Alcalde o al Presidente de la Corporación la distribución de dicha cuantía entre los diferentes programas o áreas y la asignación individual del complemento de productividad, con sujeción a los criterios que en su caso haya establecido el Pleno, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir conforme a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril. De conformidad con lo expuesto la distribución de la cuantía del complemento de productividad debe de responder a los criterios establecidos previamente por el Pleno, la apreciación de la productividad debe realizarse en función circunstancias objetivas. Es todo cuanto tengo que informar, no obstante la Corporación decidirá lo que estime conveniente''.

Es en base a este informe, cuando la interventora se muestra contraria al pago de las productividades pretendidas por el equipo de gobierno municipal.