La
locura urbanística de Llíria está cobrándose muchas víctimas. Sobre todo en el
ámbito de los nuevos PAIS que la concejalía de urbanismo, con el beneplácito
del Gobierno municipal del PP, está alimentando y llevando adelante.
Un
caso sintomático lo encontramos en Josefina Ferrandis, una vecina de 76 años
que reside desde hace muchos años en una vivienda que ahora se ha quedado
dentro del Polígono “fantasma” de Carrases. Una zona industrial que ha costado
más de 50 millones de euros, pero que no puede funcionar por qué carece de luz
eléctrica y agua. La foto de esta zona lo dice todo. Un plantel de farolas y
viales desiertos llenos de basuras, aceras y pavimento, son la herencia de una
mala gestión y de la ruina que su urbanización ha traído a los propietarios de
suelo.
Según
el portavoz de Compromís per Llíria, Paco García Latorre, a esta propietaria de
76 años, a la cual ya en su momento le embargaron hasta la pensión. Ahora, le
embargan los bienes y le reclaman cerca de 180.000 euros (30 millones de
pesetas). Una cifra inalcanzable, que difícilmente podrá pagar con su pequeña
pensión.
El
ayuntamiento, ha dictado ya un procedimiento de embargo de sus propiedades (es
a decir de la casa donde vive), le ha requerido el títulos de propiedad al
Registrador de Llíria y ha acordado el llevar adelante la enajenación de estos
bienes.
Según
García, esta decisión es la consecuencia de una política urbanística errática y
pensada en las grandes promotoras (como el caso de Bertolín en el Polígono de
Carrases), donde el ayuntamiento ha abandonado a los propietarios de suelo y
vecinos de la localidad, dejando que la Empresa urbanizadora finalizara las
obras sin garantías y sin tener en cuenta las particularidades y viabilidad
económica de la actuación, dado que este no es el único caso donde se quieren
sacar a subasta parcelas por imposibilidad de pago de las cuotas.
En
el caso de Josefina, la situación todavía es más mala, dado que según afirma,
no le han indemnizado parte del terreno que fue expropiado para hacer los
viales de acceso al polígono, ni parte de las parcelas que ahora forman parte
del polígono, así como un pozo de agua y unas piscinas que tenía en su
propiedad.
Desde
Compromís se alerta que los servicios de recaudación tributaria se ven
colapsados ante tanto PAI y obligados según la norma a tramitar los
correspondientes expedientes por impago de cuotas, que al final concluyen con
verdaderos dramas personales y económicos.
En
estos momentos de crisis, afirma el grupo ecosocialista, los impagos se cuentan
por centenares y la deuda con el ayuntamiento suma millones de euros. Mientras
tanto, el PP está fuera de la realidad y continúa abriendo nuevos procesos
urbanizadores dejando a las personas y las empresas afectadas en la ruina.
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