Las cuentas de Vilamarxant han
sido intervenidas por el Estado por la morosidad que ha acumulado el
ayuntamiento. Este hecho se ha materializado desde el
momento en que se ha pedido un crédito de 2,1 millones de euros para hacer
frente a las facturas que obraban en los cajones municipales de débito a
contratista y proveedores, pasando a partir de este momento a estar las
inversiones controladas desde la Administración Central.
El concejal de
compromís, Juan Ponce, ha manifestado que "el PP ha demostrado que ni es buen gestor ni se preocupa
por los intereses de sus vecinos, ya que su gestión ha abocado a la localidad a
tener que hacer un plan de ajuste y someterse al Real Decreto ley 14/2012 de
pago a proveedores por su morosidad y nefasta gestión económica".
La autoridad Estatal ha
suspendido la gestión de los responsables políticos de Vilamarxant y han
limitado la posibilidad de realizar las inversiones previstas para este
ejercicio presupuestario, dado que primero el ayuntamiento debe de saldar la
deuda pendiente, extremo que ha derivado en la suspensión de las inversiones
programadas por el consistorio.
Para Ponce, el PP ha gastado
sin control y ahora tiene que someterse a un restrictivo plan de ajuste que
deriva en el pago de unos intereses abusivos, los cuales supondrán un nuevo
gravamen para los ciudadanos de Vilamarxant, ya que los cerca de 800.000 euros
que hay que pagar, o bien se detraerán de la prestación de servicios o
directamente en el pago de los propios intereses.
Des de la Coalición Compromís
se sigue apuntando, por salud democrática y económica del ayuntamiento, la
necesidad del cese por parte del alcalde, Vicent Betoret, del responsable de
hacienda, Alberto Ros, ya que ha situado a la población en la peor situación
financiera de los últimos tiempos, con una deuda que se ha centrifugado y que
habrá que pagar en la próxima década. Una responsabilidad que compartirá el
primer edil caso que no proceda a la destitución de este miembro del equipo de
gobierno.
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