Jordi Navarrete, senador por Castellón de Compromís. EPDA El
senador por Castelló de Compromís, Jordi
Navarrete,
ha urgido al nuevo Gobierno que adopte medidas claras y decididas de
cara a mejorar la situación de las cárceles valencianas, en
especial la de Picassent y la apertura de la cárcel cuya
construcción sigue paralizada en Siete Aguas. Según las cifras que
arroja un informe solicitado por la coalición al Gobierno, la
disminución de la población reclusa que se ha dado en el conjunto
del Estado (-10%) no se está viendo trasladada a la prisión de
Picassent (València), una situación que supone llover sobre mojado
en un recinto penitenciario con problemas de seguridad y
problemático.
Navarrete
ha recordado las quejas que los sindicatos han presentado sobre el
número de internos, la imposibilidad de hacer nuevas obras en
Picassent y el elevado número de internos en tránsito de otras
autonomías y que no salen en las estadísticas oficiales, ya que
“València
ingresa muchos presos por los altos índices de delincuencia como
tercera ciudad del Estado y como base de los movimientos con las
Islas Baleares y entre Cataluña y Andalucía, que pasan por
València. Si Instituciones Penitenciarias quiere concentrar en
València internos de la máxima peligrosidad se debería reconocer,
compensar y, por lo tanto, reforzar la seguridad y el personal sin
más demoras”,
ha indicado.
La
coalición ha recordado la petición del Defensor del Pueblo de
cierre del módulo de primeros grados por las deficientes
instalaciones de Picassent. A día de hoy Picassent alberga más de
2.000 internos y tiene dos módulos cerrados por pequeñas obras. Si
se abrieran contaría en 2.300 presos, lo que implica una bajada
insignificante. Según Navarrete, “Picassent
precisaría ser reconvertida en una prisión tipo, automatizada para
los internos más peligrosos pues la situación de tener que
movilizar a la Guardia Civil para mover por dentro de la cárcel a un
interno es inaudita en España y su estructura interna no es para
nada recomendable ni minimiza los conflictos, sino que los genera y
complica la intervención cuando es necesaria”.
La coalición denunció recientemente la situación sanitaria de las
prisiones del Estado y en especial de las valencianas. Picassent
cuenta con un médico para 2.500 internos, con una prisión con una
estructura en tres edificios separados. “Por
eso pedimos a este nuevo Gobierno que sea más sensible y la dinámica
temeraria de los últimos años acabe”
algo que, a juicio del senador valencianista, “pasa
por reformas en Picassent para acabar con las deficiencias, una
bajada en el número de internos peligrosos y la apertura de Siete
Aguas, que se encuentra en la actualidad paralizada a pesar de haber
ejecutado el 16,2% del total de la inversión, presupuestada en 89,1
millones de euros”.
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