Carles Mulet, senador de CompromísEl portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha solicitado vía enmiendas al proyecto de
Ley de Memoria Democrática, que previsiblemente se debatirá en el Senado la
primera semana de octubre, que el texto contemple medidas que satisfagan la petición unánime de muchas instituciones como
Generalidad y ayuntamientos de recuperar sus documentos, fondos y archivos que
fueron incautados por la dictadura franquista con fondos
de organismos republicanos, partidos y sindicatos y llevados a Salamanca y que
no han sido devueltos a sus propietarios.
"Para nosotros esto es un robo y
un expolio perpetrado por un régimen ilegal y estos fondos deben ser
restituidos. Tan solo en el País Valenciano hay constancia que entre 1938 y
1940, al menos, ocho vagones de ferrocarril con más de 80 toneladas de documentos,
libros y revistas fueron enviados desde Vinaròs, Castelló, València y Alacant
hacia el Archivo de Salamanca".
De esta forma, la Generalidad o decenas de ayuntamientos
valencianos "sufrían el expolio de sus papeles",
entre ellos Alicante, Alaquàs, Albocàsser, Alcalà de Xivert, l'Alqueria
de la Comtessa, Bellreguard, Beniarjó, Benicarló, Benicàssim, Benigánim,
Benimodo, Benissa, Benirredrà, Bicorp, Bocairent, Borriol, Bugarra, Cabanes,
Castelló de la Plana, Casas Bajas, Chiva, Cinctorres, Gavarda, Godella,
Guardamar, Montesa, Oliva, Ontinyent, la Pobla Tornesa, Polinyà de Xúquer,
Rossell, Salem, San Juan de Moró, Sollana, Terrateig, Torreblanca, Traiguera,
Valencia, Vilafamés, Vilafranca, Vila-real, Vinaròs, Xàtiva y Xàbia, además de
particulares, entidades políticas y sindicales con el objetivo de obtener
información de susenemigos.
En sus enmiendas, con las que pretende que se cumpla la exigencia
y requerimiento por unanimidad de les Corts realizada en 2004, pide que se
habiliten mecanismos para esta restitución. Así, el portavoz de Compromís en el Senado reclama de la Administración
colaboración con las comunidades autónomas y entidades locales en la conservación y mantenimiento
de la documentación en información de cualquier tipo que obre en poder de las
mismas que se refieran a la violencia y represión ejercidas durante la Guerra
Civil y la posterior dictadura franquista.
Asimismo, reclama
que en el marco del Plan de Acción de la Memoria Democrática del Estado
español, se acometan las actuaciones necesarias para reunir y recuperar los
documentos y testimonios orales de interés en esta materia y la creación de un
programa, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, de adquisición o
traslado de documentos referidos a la memoria democrática del Estado español
que obren en archivos públicos o privados, nacionales o extranjeros y cuya
relevancia pública, dificultad de acceso o peligro de desaparición así lo
aconsejen. Finalmente propone que se retornen a sus legítimos propietarios
los fondos incautados por el franquismo que continúan en el Archivo General de
la Guerra Civil, el cual efectuará copia de cada ejemplar retornado para
facilitar su consulta, así como que se garantice el acceso del público
interesado a los archivos públicos o privados con documentación susceptible de
ser relevante para la memoria democrática del Estado español, estableciendo al
efecto los convenios oportunos con las entidades que poseen los fondos para
regular su acceso a los ciudadanos, que estarán obligadas a facilitar el acceso
y consulta.
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