Compromís
registrará la próxima semana en el
Senado una moción para conseguir cambios
normativos en el estatus de las pequeñas compañías de distribución de
electricidad municipal o de cooperativas como en el caso de la pública de
Costur, que deben seguir un esquema de funcionamiento dirigido y pensado por y
para las grandes empresas del sector
“Mientras Montoro envía amenazas por carta para liquidar las empresas
públicas municipales, nosotros reivindicamos su valor”
Eléctrica
Costur SLU ingresa por retribuciones por las actividades de transporte y
distribución unos 69.000 euros al año,
en concepto de peajes por la red eléctrica. Eléctrica Costur SLU no compra y
vende luz, sino que es la propietaria de una red (una autopista, como si
dijera) y cobra un peaje a quien vende la luz a los usuarios para que la luz
pase por su red (y por lo tanto está obligada a mantenerla en condiciones
óptimas). Con 69.000 euros la empresa debe hacer frente a una serie de gastos
de gestión empresarial, de mantenimiento de la red, de reparación de averías,
etc.
Empresas
como la Eléctrica de Costur, al margen de la gestión que hayan tenido en los
últimos años, han soportado en un único ejercicio actuaciones como un cambio de
contadores, cuando la normativa permitía hacerlo por fases hasta el 2018. A la hora de beneficiarse
de las retribuciones definitivas por su actividad, a empresas como la de este
municipio castellonense se las incluye en tramos
junto a compañías dimensionadas con
muchos miles más de abonados y observan como son las grandes compañías las que
parecen decidir qué baremos debe aplicar el Estado vía Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia o Consejo Consultivo de Electricidad.
“En el presente año la empresa debe
enfrentarse a estas alturas del ejercicio a una indefinición sobre las
retribuciones, al haberse recurrido la Orden por
la que se determinan los peajes de acceso de energía eléctrica para este
año, lo que complica un correcto tratamiento contable de su situación, como les
exige la ley, por lo que vemos necesario por una parte que se considere la
especial situación de estas empresas vinculadas a zonas rurales, que prestan
servicios en zonas complicadas y que se tenga en cuenta la dimensión de las
mismas a la hora de establecer baremos, imponerles obligaciones, burocracia y
beneficios”, ha señalado Mulet.
Así,
Compromís abogará por dotar de una mayor seguridad y estabilidad a estas
pequeñas empresas, de interés en municipios pequeños de nuestra autonomía, “estableciendo factores que las beneficien
por tratarse de empresas reducidas, habitualmente ligadas a cooperativas y
pueblos que forman parte de economías rurales y que no deben ser tratadas con
el mismo criterio que las grandes y revisar las ventajas y privilegios que
tienen las todopoderosas, que actúan como si de monopolios se tratara”, ha
concluido.
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