Compromís
planteará en el Senado tan pronto arranque la próxima legislatura una
iniciativa de cara a conseguir cambios normativos en el estatus de las pequeñas
compañías de distribución de electricidad municipal o de cooperativas como en
el caso de la pública de Costur, que deben seguir un esquema de funcionamiento
dirigido y pensado por y para las grandes empresas del sector.
Eléctrica Costur
SLU ingresa por retribuciones por las actividades de transporte y
distribución unos 69.000 euros
al año, en concepto de peajes por la red eléctrica. Eléctrica Costur SLU no
compra y vende luz, sino que es la propietaria de una red (una autopista, como
si dijera) y cobra un peaje a quien vende la luz a los usuarios para que la luz
pase por su red (y por lo tanto está obligada a mantenerla en condiciones
óptimas). Con 69.000 euros la empresa debe hacer frente a una serie de gastos
de gestión empresarial, de mantenimiento de la red, de reparación de averías,
etc.
Empresas como la
Eléctrica de Costur, al margen de la gestión que hayan tenido en los últimos
años, han soportado en un único ejercicio actuaciones como un cambio de
contadores, cuando la normativa permitía hacerlo por fases hasta el 2018. A la
hora de beneficiarse de las retribuciones definitivas por su
actividad, a empresas como la de este municipio castellonense se las incluye en
tramos junto a compañías dimensionadas con muchos
miles más de abonados y observan como son las grandes compañías las que parecen
decidir qué baremos debe aplicar el Estado vía Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia o Consejo Consultivo de Electricidad.
“En el presente año la empresa debe
enfrentarse a estas alturas del ejercicio a una indefinición sobre las
retribuciones, al haberse recurrido la Orden por
la que se determinan los peajes de acceso de energía eléctrica para
este año, lo que complica un correcto tratamiento contable de su situación,
como les exige la ley, por lo que vemos necesario por una parte que se
considere la especial situación de estas empresas vinculadas a zonas rurales,
que prestan servicios en zonas complicadas y que se tenga en cuenta la
dimensión de las mismas a la hora de establecer baremos, imponerles
obligaciones, burocracia y beneficios”, ha señalado Mulet.
Así, Compromís
abogará por dotar de una mayor seguridad y estabilidad a estas pequeñas
empresas, de interés en municipios pequeños de nuestra autonomía, “estableciendo factores que las beneficien
por tratarse de empresas reducidas, habitualmente ligadas a cooperativas y
pueblos que forman parte de economías rurales y que no deben ser tratadas con
el mismo criterio que las grandes y revisar las ventajas y privilegios que
tienen las todopoderosas, que actúan como si de monopolios se tratara”, ha
concluido.
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