Los juzgados 6 y 16 de
Valencia y el 2 de Mislata han condenado por intrusismo profesional a
tres falsos odontólogos que trataban a pacientes en varios locales de
las citadas poblaciones cuando no estaban titulados para ello.
La
primera intrusa fue descubierta mientras examinaba bocas y prescribía
tratamientos en un taller dental situado en la calle Escalante del
barrio de El Cabanyal de Valencia. En este caso, la condenada era
técnico de prótesis dental, una titulación que en ningún caso permite
tratar pacientes sino fabricar prótesis. Precisamente por ello, el
tribunal condenó a Dolores C. C. por delito de intrusismo contemplado en
el artículo 403.1 del Código Penal.
El
segundo falso dentista, condenado por el juzgado nº 16 de Valencia
operaba en un laboratorio dental ubicado en la avenida Pérez Galdós de
la capital. En este caso el condenado Javier M. M., prótesico dental de
profesión, atendía pacientes en el citado local, razón por la que su
señoría le condenó por delito de intrusismo.
Finalmente,
la tercera condena, impuesta por el Juzgado 2 de Mislata, recayó sobre
Paulo Andrés V.T. quien también cometió un delito de intrusismo en
circunstancias similares a los anteriores encausados. En este caso en un
taller ubicado en la calle San Antonio de Mislata.
Dichas
situaciones fueron descubiertos y denunciados por el Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de Valencia que los puso en conocimiento de
los tribunales con las pertinentes querellas por intrusismo profesional
ya que desde el ICOEV se entiende que con estas actuaciones se pone en
serio riesgo la salud de todos los valencianos.
En
todos los casos se trata de sentencias de carácter penal dado que según
recuerda el presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de
Valencia (ICOEV), Enrique Llobell, el intrusismo profesional es un
delito del Código Penal por lo que cualquier intruso que manipule la
boca de un paciente sin estar titulado para ello se expone a una
sentencia penal y sus consecuencias.
Las
sentencias penales comunicadas individualmente por los respectivos
juzgados en los últimos cinco meses se han materializado en penas de
multa económica que ascienden a 1.260, 600 y 480 euros, respectivamente.
Tras el descubrimiento y condena de estos nuevos
casos de intrusismo sanitario, el presidente del ICOEV, Enrique
Llobell, recomienda a la ciudadanía corroborar que el profesional que
presta la atención bucodental es un dentista colegiado dado que lo
contrario además de ser delito implica un serio riesgo para la salud del
paciente.
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