Imagen de archivo de un dentista. EPDA El Juzgado de lo Penal
18 de Valencia ha condenado a siete meses de cárcel e inhabilitación
profesional de un año por un delito de intrusismo profesional a un
técnico superior en higiene dental que realizaba funciones propias de un
dentista en una clínica dental de Alaquàs (Valencia).
El
intruso atendía a pacientes en una clínica dental sin la presencia de
un dentista y fue descubierto por el Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de Valencia valorando radiografías, diagnosticando y
prescribiendo tratamientos a un paciente.
La
sentencia, de carácter firme, considera probado que el acusado
sobrepasó las funciones que la Ley reconoce a los técnicos superiores en
higiene bucodental y que vienen claramente recogidas en el Real Decreto
1594/1994, razón por la que condenó al intruso a una pena de siete
meses de prisión y una inhabilitación para ejercer la profesión de
higienista durante un año dada la gravedad de los hechos.
El
intruso negó los hechos argumentado que él no realizó el diagnóstico y
que solamente trasladó al paciente su opinión con relación al
tratamiento al que podía someterse. Sin embargo, y a la vista de las
pruebas aportadas por el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de
Valencia, la jueza consideró que el higienista actuó en todo momento
como si de un dentista se tratase, diagnosticando y prescribiendo el
tratamiento. En conclusión, la jueza ha considerado que el técnico en
higiene se extralimitó en sus funciones y, por tanto, es responsable de
un delito de intrusismo profesional.
La
presidenta del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia,
Patricia Valls, considera que el intrusismo es un serio problema social
especialmente en las profesiones sanitarias ya que compromete la
seguridad y la salud de los pacientes.
Desde
el ICOEV se recomienda a la ciudadanía corroborar que el profesional
que presta la atención bucodental es un dentista colegiado, tanto a
través de su web (www.icoev.es) como del buscador nacional (www.guiadentistas.es) dado que lo contrario, además de ser delito, implica un serio riesgo para la salud de los pacientes.
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