Juan Aguilar Cuando en un problema público intervienen como actores
varias administraciones públicas del mismo nivel, el análisis, las alternativas,
las herramientas y la implementación, se convierte en un entramado sumamente
complicado a la hora de identificar claramente el origen del problema, los
procedimientos son lentos y costosos a la hora de tomar decisiones que
benefician o perjudican a distintas administraciones, ya que a su vez estas
administraciones buscan objetivos propios para el mismo problema, todo el
proceso se produce con distintos actores en su ámbito de actuación, que no son
reconocidos o conocidos por la otra administración implicada, son claramente
objetivos de proceso, ya que buscan identificar en primer lugar las
consecuencias de la implementación de la política pública, antes que
identificar claramente el problema público concreto.
Un ejemplo de esta situación de conflictos de intereses,
es un problema público que afecta a los Ayuntamientos de L´eliana, La Pobla de
Vallbona y San Antonio de Benagéber en el Camp del Turia, un problema de
inundaciones en la zona limítrofe de los tres términos municipales.
Con el boom urbanístico la proliferación de zonas residenciales en el
municipio de La Pobla de Vallbona
en Valencia, fue tan espectacular que el Plan
General de Ordenación Urbana aprobado en 2004 preveía que una población de 6.000 habitantes se convirtiera en una población
cercana a 90.000 habitantes, prácticamente todo el término municipal
fue
reconvertido en el
nuevo PGOU a terreno
urbano, proliferaron zonas residenciales diseminadas por todo el
territorio municipal sin ningún
estudio inicial aparente de
aguas pluviales.
En una zona donde confluyen estos
tres términos municipales, cada municipio ordeno su territorio de acuerdo a su programación particular, sin entender
que pudiera afectar al municipio colindante, toda esa confluencia de políticas públicas pensadas
por y para sus propios
intereses urbanísticos, tuvo un grave perjuicio
para quien no tomo las medidas
necesaria de acondicionamiento urbanístico, justo en la calle donde confluyen los tres
términos municipales, el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber no cedió en
su PGOU, la necesaria anchura de calle, siendo solamente el Ayuntamiento de La
Pobla de Vallbona quien cedió el terreno para la construcción de la calle,
quedando una calle de tan solo 3 metros de ancho, coincidiendo además que esa misma calle es la que se encuentra en la zona más baja de una población de cerca de 4.000 habitantes donde desaguan
todos esas viviendas y cuando llueve toda el
agua pluvial va a para a esa calle ya que no se efectuaron colectores pluviales
en ninguna zona residencial, es por esto por lo que los habitantes de los dos municipios afectados, cada vez que llueve con intensidad que suele ser todos los años ven inundadas
sus casas y sus hogares, los cuales resignados han optado por pactar con
la administración local
ayudas personales de mitigación del problema,
antes que intentar una solución global
mediante una verdadera política pública,
este mismo año se
han inundado las casas con peligro
de vidas humanas,
varios vehículos y
personas fueron
arrastradas por las aguas que provenían
de toda la zona residencial, lo cual fue noticia en todos los
medios de comunicación.
En las últimas inundaciones el problema también ha
afectado al municipio de L´eliana por la insuficiencia del colector que llega a
su término municipal y ha provocado también inundaciones en su municipio y
ahora por primera vez, parece que las administraciones van a comenzar a incluir
en su agenda el problema público.
Una política
pública coordinada entre distintas administraciones que debería haber sido
asumida por todas ellas y que no ha sido realizada hasta el momento, la
administración competente para el colector que cruza la CV-35, la Generalitat
Valenciana lleva años haciendo oídos sordos a un problema público muy grave,
sin embargo las administraciones sí que cobran mensualmente la tasa de
alcantarillado en el recibo del agua, así como el canon autonómico, siendo
estos casi más caros que el propio consumo, es hora ya después de 15 años, de
que una vez por todas las administraciones públicas se pongan a trabajar
conjuntamente y solucionen este problema público, por el bien de los
ciudadanos, sus bienes y sus vidas.
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