¿Conoces los requisitos para acogerse la Ley de Segunda Oportunidad?

Es un procedimiento legal creado para permitir a particulares y autónomos renegociar sus deudas sin llegar a la quiebra total.

La Ley de Segunda Oportunidad, también conocida como Mecanismo de Segunda Oportunidad, existe en España desde 2015, pero se le han ido incorporando diferentes mejoras como la reforma del texto refundido de la Ley Concursal en 2022. Se trata de un procedimiento similar al Concurso de Acreedores para las empresas.

¿Quiénes pueden beneficiarse de la Ley de Segunda Oportunidad?

Para poder acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad hay una serie de exigencias legales y condiciones que se deben cumplir:

Ser persona física: trabajadores por cuenta ajena, pensionistas y desempleados, así como autónomos.

Tener más de un acreedor: que pueden ser entidades bancarias o financieras, empresas, particulares, etc.

Ser insolvente: la Ley Segunda Oportunidad establece a este respecto dos posibles escenarios. En primer lugar, la insolvencia actual, que de acuerdo al artículo 2.2. del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) incurrirá en aquellas personas que no puedan cumplir regularmente sus obligaciones exigibles y que ya hayan incurrido en impagos. El segundo escenario es el de la insolvencia inminente, contemplada en el artículo 2.3 del mismo texto legal, cuando el deudor prevea que no podrá cumplir regularmente sus obligaciones. Es decir, que aunque la persona esté al corriente de los pagos en este momento, acredita que no podrá seguir haciéndoles frente en un futuro cercano. En la mayoría de los casos se trata de personas que están agotando sus ahorros en pagar las cuotas mensuales a cambio de no poder sufragar otros gastos esenciales.

No tener antecedentes por delitos socioeconómicos con una condena superior a 3 años: otro de los requisitos es que la persona no haya sido condenada por sentencia firme por un delito socioeconómico contra el patrimonio, el orden socioeconómico, la Hacienda Pública, la Seguridad Social, etc. en los últimos diez años. Es decir, no haber sido condenado por hurto, robo, estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales o apropiación indebida. Para ello es necesario aportar el Certificado de Antecedentes Penales. En el caso de que haya un procedimiento abierto, la segunda oportunidad quedará en suspenso hasta que haya una resolución en firme. Así mismo, quienes tienen antecedentes por este tipo de delitos, podrán acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad una vez hayan extinguido su responsabilidad criminal y hayan satisfecho las multas derivadas del delito y del proceso judicial.

Ser deudor de buena fe: este requisito va en línea con el anterior y hace necesario que el deudor no haya actuado de forma que haya agravado la situación de insolvencia en la que se encuentra. No debe haber proporcionado información falsa ni actuado de manera temeraria o negligente.
Es decir, el deudor debe haber tratado de llegar a acuerdos con los acreedores para evitar el impago, no haber contraído nuevas deudas, y no haber rechazado una oferta de trabajo en los últimos 4 años. Además, el juzgado debe percibir que la persona está colaborando con el procedimiento de forma transparente y respetando los plazos señalados.

Es recomendable que quienes cumplan los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad pidan asesoramiento experto para que les ayuden durante todo el proceso. Los asesores se encargan de recopilar toda la documentación y analizarla, así como de acompañar a la persona durante todo el procedimiento. De esta forma, los beneficiarios de la Ley de Segunda Oportunidad pueden: cancelar tanto sus deudas como los avalistas, dejar de recibir llamadas telefónicas de cobro, suspender los embargos sobre su nómina y cancelar sus datos en los ficheros de morosos; de forma que conseguirán una segunda oportunidad financiera.