La portavoz del Partido Popular en la Diputación de
Valencia, Mari Carmen Contelles, ha resumido los dos años de Jorge Rodríguez al
frente la corporación provincial como los del “sectarismo, la incoherencia y el
colapso en la gestión”.
Mari Carmen Contelles ha señalado que el equipo de
gobierno de la Diputación “no cree en la institución y puede tratar de
disfrazar con buenas palabras su gestión, pero la realidad es la que es: los
municipios de la provincia de Valencia, especialmente los más pequeños, hemos
perdido dos años”.
“Quizá algunos no, como es el caso del ayuntamiento del
que es alcalde, Ontinyent, que ha recibido más ayudas a dedo –1,36 millones de
euros- que los 55 pueblos de la provincia de Valencia gobernados por el Partido
Popular juntos –apenas un millón de euros-”, ha continuado, “pero es un hecho
que la mayoría de localidades valencianas se sienten discriminadas por las
decisiones de Rodríguez y sus socios de gobierno”.
Discriminación
La dirigente popular ha incidido en el “sectarismo” de
los actuales gestores en la firma de convenios singulares con municipios. “Un
reparto que ha superado los 13 millones de euros en 2016 y discrimina a los
municipios pequeños, especialmente si son gobernados por el Partido Popular,
mientras se conceden cerca de dos millones de euros para grandes municipios regidos
por socialistas y Compromís”.
“Sirva como ejemplo los 500.000 euros destinados a la
rehabilitación de un chalet de la ciudad de Valencia donde se celebró la última
reunión del Gobierno de la Segunda República, mientras niegan 40.000 euros para
financiar la reparación del pozo que suministra agua potable a la población de
Terrateig”, ha añadido.
Asimismo, Contelles ha denunciado que las “consignas
ideológicas del Consell condicionan las decisiones de la Diputación y se
anteponen a la seguridad vial, el bienestar y la calidad de vida de los
ciudadanos, como ocurre en Pedralba, que tiene suspendida la ejecución de la
variante que desviaría el tráfico pesado que cruza la localidad pese a que la
obra cuenta con todos los informes favorables e incluso está adjudicada”.
La diputada popular considera que el gobierno formado por
PSPV-PSOE, Compromís, Valencia en Comú y EUPV “se ha pasado el tiempo viendo
como colocar a los suyos y discutiendo sobre qué recortes hacer en el
presupuesto y las competencias de la Diputación para financiar las políticas
del Consell y sumar puntos ante Puig y Oltra –como los 7 millones para pagar el
plan de cambio de puertas y ventanas en los colegios que ha elegido el
conseller Marzà-, además de plegarse a las iniciativas legislativas que están
impulsando el Consell y Compromís –ley de mancomunidades y ley de comarcalización-
para desmantelar las diputaciones”.
En este sentido, Mari Carmen Contelles ha lamentado la
incoherencia de Jorge Rodríguez, “un presidente que no cree en la institución
que dirige. Difícilmente se puede gestionar correctamente si no crees en ella y
en la labor tan importante que hace garantizando los servicios básicos a la
población, especialmente de los municipios más pequeños”.
Esa situación explicaría, según Contelles “el colapso que
en la gestión, como el retraso del pasado año en la puesta en marcha del plan
de comedores sociales, la gestión del cierre del Teatro Escalante o la
ejecución del Presupuesto de 2016 que ha dejado más de 110 millones de euros
sin gestionar”.
Del mismo modo, se ha referido a los recortes que están
aplicando en iniciativas sociales con gran demanda. “Quienes pretenden
enarbolar la bandera de lo social con una mano, recortan con la otra a la mitad
programas tan relevantes para los jóvenes como La Dipu te Beca”.
Investigación
del Tribunal de Cuentas y parálisis en Divalterra
Además, en la
actualidad, tal y como ha recordado la portavoz, “el Tribunal de Cuentas está
investigando a la Diputación por el retraso en el cobro de los recibos de
residuos de Ontinyent, la localidad que Rodríguez preside como alcalde”.
Mención aparte merece
la parálisis que vive la empresa pública Divalterra, que tras los múltiples
escándalos y los ceses de dos de sus tres gerentes en dos años, va a la deriva.
“Una incertidumbre que lastra el trabajo diario de sus 700 empleados por la
desconfianza entre Rodríguez y sus socios de Compromís y su incapacidad para
acordar el nombramiento de una cogerencia o establecer el modelo de gestión de
la empresa provincial. Un recelo constante que se palpa en la negativa de la
vicepresidenta cuarta, Rosa Pérez, a firmar las cuentas de 2016 de la empresa
provincial”.
“Hemos asistido a dos años con más sombras que luces en
una gestión empañada por casos como el polémico nombramiento de Vicent Flor al
frente del IAM, el trato de favor mediante subvenciones y la cesión de la plaza
de toros a Acció Cultural del País Valencià o la contratación a dedo de las
imprentas del pueblo de Xavier Rius”, ha concluido.
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