Mari Carmen Contelles. EPDA La portavoz del Partido Popular en la Diputación de Valencia, Mari
Carmen Contelles, ha lamentado que la mala gestión del presidente de la
Diputación, Jorge Rodríguez, haya llevado a un juez a determinar el
embargo de bienes y cuentas bancarias de Divalterra para hacer frente a
una indemnización por despido.
Mari Carmen Contelles ha
calificado de "bochornosa" la situación, que ha achacado a "la desidia y
el caos que reina en la gestión de la Diputación de Valencia desde la
llegada de Jorge Rodríguez al cargo".
En concreto, el Juzgado de
lo Social número 3 de Valencia ha ordenado el embargo de una nave
industrial ubicada en Enguera, cinco vehículos, las cuentas corrientes
de Divalterra y los créditos o recaudación a los que tenga acceso por el
impago de 18.496,95 euros, más otros 2.770 euros provisionados para
intereses y costas, en concepto de indemnización a un extrabajador de la
empresa que había sido despedido.
"Rodríguez tiene que aclarar
si el impago se produce por no querer hacer frente al fallo judicial a
favor del extrabajador -con sentencia de septiembre de 2016- o, lo que
aún sería más grave, por la mala gestión que caracteriza su mandato y
que se ha acentuado desde la escandalosa salida de Sahuquillo y la falta
de acuerdo para el nuevo modelo de gerencia ", ha reclamado Contelles.
La
portavoz popular ha pedido a Rodríguez que decida de una vez "qué
modelo quiere para Divalterra, porque no puede ser que la desconfianza
entre los socios de gobierno y las discrepancias cada vez mayores entre
PSPV y Compromís mantengan bloqueada la gestión en la corporación
provincial".
"La parálisis que afecta a Divalterra está
lastrando el trabajo diario de sus 700 empleados -ha criticado-, porque
pese a contar con diez puestos directivos más y gastar cientos de miles
de euros en asesorías jurídicas externas, no se están tomando decisiones
y este fallo judicial es una muestra de ello".
"Hay una
evidente falta de confianza entre el presidente y sus socios de
Compromís y esos recelos se traducen en incapacidad para acordar el
nombramiento de una cogerencia o establecer el modelo de gestión de la
empresa provincial", ha añadido.
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