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portavoz del Partido Popular en la Diputación de Valencia, Mari
Carmen Contelles, ha asegurado que PSPV y Compromís “están
planteando un ERE de extinción en Divalterra porque son incapaces de
acabar con la corrupción en sus partidos” y ha avanzado que si el
Partido Popular vuelve al gobierno de la Diputación en 2019 “la
empresa no se cerrará”.
Mari
Carmen Contelles se ha reunido hoy con la presidenta del Comité de
Empresa de Divalterra para analizar la situación creada tras el
anuncio de la presidenta en funciones de la Diputación de cerrar la
empresa pública, “realizado a espaldas de los trabajadores, que
han sido los últimos en enterarse”.
Contelles
ha subrayado que la decisión de cerrar Divalterra adoptada ayer por
unilateralmente por el equipo de Gobierno “no se ajusta a las
competencias del órgano de gobierno de la corporación provincial ya
que corresponde a la Junta General, pero en cualquier caso lo que
están proponiendo no es otra cosa que un ERE de extinción sin
causas objetivas, no justificado en razones de falta de viabilidad de
la empresa, sino en su incapacidad para gestionar la empresa y para
acabar con las prácticas irregulares de dirigentes de los partidos
que lideran Ximo Puig y Mónica Oltra. Es un ERE por presunta
corrupción”.
La
portavoz popular ha insistido en que los trabajadores no son los
culpables de una situación que no han provocado: “Los empleados de
Divalterra realizan una labor extraordinaria para la provincia de
Valencia, fundamentalmente en el apartado medioambiental, en materia
de prevención y extinción de incendios, cuidando del territorio y
de nuestro patrimonio natural”.
Durante
la reunión, Mari Carmen Contelles ha garantizado a los
representantes de los trabajadores que si gobierna el PP “se
propondrán soluciones y la empresa no se cerrará”.
“Lo
que haremos es implantar los planes de prevención del delito que
están previstos, el denominado Compliance, que durante estos tres
años han ignorado los responsables de la Diputación. Se nombrará
un gerente único e independiente, y el acceso a los puestos de
trabajo en la empresa se hará con libre concurrencia, publicidad de
las bases y del procedimiento, bajo los principios de mérito y
capacidad, y con tribunales profesionalizados e independiente”, ha
manifestado.
Contelles
ha criticado la falta de concreción y de proyecto de los grupos
políticos que dirigen la Diputación y la incertidumbre que generan:
“No están pensando en las personas ni en las familias de los
trabajadores ni en las necesidades de la provincia, sólo en tratar
de cubrirse sus espaldas”.
Así,
ha explicado que para cerrar la empresa se tiene que proponer un ERE
de extinción, y a partir de ahí abrir un proceso de negociación
con los trabajadores y comunicarlo a la autoridad laboral (SEPE e
Inspección de Trabajo) para que lo autorice.
En
este sentido, ha señalado que dentro del proceso de liquidación “no
se puede recolocar al personal de la empresa en la Diputación porque
vulnera la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local (LRSAL) y el Estatuto Básico del Empleado
Público (EBEP), además de la Constitución Española”.
Por
ello, ha exigido a la María José Amigó “más seriedad y rigor
para abordar una situación delicada que afecta a los empleados y las
familias, y menos proclamas partidistas que sólo buscan desviar la
atención de los problemas internos de sus formaciones”.
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