Instalaciones de la empresa pública de la localidad de Paterna. EPDALa sombra de la irregularidad se cierne sobre las contrataciones realizadas en Gespa, la empresa pública de Paterna. Un informe elaborado por los habilitados nacionales del Ayuntamiento, la secretaria y el oficial mayor, advierte sobre contradicciones y falta de transparencia en el proceso realizado para la contratación de tres altos directivos de la mercantil municipal, presidida por el alcalde, Juan Antonio Sagredo. Estos puestos de trabajo suponen un gasto para las arcas públicas de 135.000 euros anuales.
En concreto, en el citado documento oficial, elaborado a instancia de los grupos municipales del Partido Popular y de Ciudadanos, se analiza el procedimiento para contratar a un Director de Servicios, un Director de Recursos Humanos y un Director de Marketing y adjunto a Gerencia, con una salario bruto anual de 45.000 euros cada uno.
Como actuación previa a la emisión del informe, desde los deparmentos jurídicos se solicitaron antecedentes a la gerencia de la propia mercantil con los que se constató que a finales del año pasado se había procedido, por parte de Gespa, al despido por amortización de plazas por razones productivas y organizativas de dos altos cargos, concretamente se trataba del Director de Recursos Humanos y del Director de Explotación y Servicios y adjunto a Gerencia.
En las cartas de despido, la empresa argumenta acerca de la “innecesariedad de los puestos de trabajo de referencia” por la disminución de la producción de los servicios encomendados por el Ayuntamiento, y se indica que las funciones que venían desempeñando esos directores se iban a distribuir entre el personal del departamento.
Sin embargo, apenas unos meses más tarde se aprueba la contratación de los tres altos cargos referidos con anterioridad que “entra en contradicción con la propia argumentación que la empresa efectúa en las respectivas cartas de despido”, se remarca el documento oficial. También se alude a la Ley 48/2015 de 29 de octubre de Presupuestos Generales del Estado que en la disposición adicional 15 establece para el año 2016 requisitos para la contratación de nuevo personal, limitándolo a “casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables”.
En estas circunstancias, los habilitados nacionales consideran que “la acreditación justificativa se hace aún más necesaria” y “esta acreditación debe asimismo partir no ya de la empresa sino del propio Ayuntamiento, que a través de una comisión creada al efecto se encuentra valorando el rediseño de los servicios que ha de prestar la empresa, razón por la cual esta última debería sujetar absolutamente todas sus decisiones a aquello que resulte de las instrucciones que finalmente emanen del Ayuntamiento como conclusión de los citados trabajos”.
La parte más delicada se señala en el siguiente punto del informe cuando se aborda la transparencia en las contrataciones y la publicidad de las convocatorias por el derecho que todos los ciudadanos tienen de acceso al empleo público. Los habilitados nacionales remarcan que “no consta que la empresa haya cumplido ese mandato, toda vez que la documentación aportada señala expresamente incluso la no realización de convocatoria pública. En este sentido, el informe expone claramente que no se siguió la encomienda elaborada por la secretaria general que hubiera garantizado la transparencia de los procesos de selección.
Desde el equipo de gobierno, que preside el socialista Juan Antonio Sagredo, reclacaron que no hubo ninguna irregularidad en las contrataciones de la empresa pública asegurando que “fue el PP quien, cuando gobernaba, convirtió Gespa en su chiringuito particular”. Incidieron además en que los informes emitidos por la secretaria del Consistorio “no son vinculantes”.
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