Convent Carmen califica de arbitrario el cierre del local por el ayuntamiento de València

Los responsables de Convent Carmen, Jaume Sánchez y Santiago Máñez, han denunciado que el cierre del Convent, decretado por el Ayuntamiento de València en una resolución del expediente que han recibido "diez minutos antes de empezar la rueda de prensa", es una decisión arbitraria porque "no existe causa objetiva para ello".

Desde Convent Carmen aseguran que "las hipotéticas deficiencias" por las que se ha llevado a cabo el expediente de cierre son "subsanables" y que el trato recibido por parte de la Administración local es una "tropelía" y una "violencia administrativa absoluta y radical", lo que definen como un "abuso de poder".

Jaume Sánchez ha explicado que "es evidente que no está todo perfecto, pero cualquier error tiene carácter subsanable, por lo que no es viable el cese de la actividad" y que "una de las responsables" es la concejala de Espacios Públicos, Lucía Beamud, a quien le han "pedido explicaciones en múltiples ocasiones" y "siempre ha declinado reunirse".

De la misma manera, acusan al Ayuntamiento de contradecirse, ya que el informe del técnico indica que el proyecto excede lo permitido en la iglesia y en el jardín, pero la conselleria de Cultura explica que los cambios hechos en la iglesia son totalmente reversibles y no hay ningún tipo de afección patrimonial; y en el jardín no hay daños al patrimonio.

Por otra parte, desde Convent Carmen consideran que "se está forzando" la interpretación de la Ley de Espectáculos Públicos, que distingue entre salas polivalentes y restaurantes, ya que "es evidente" que Convent Carmen "no es el sumatorio de estos dos conceptos", sino "una sala sociocultural, tal y como está definida en la Ley" y, por lo tanto, "cualquier interpretación que distorsione dicha definición es subjetiva y arbitraria y, en consecuencia, denunciable".

También han manifestado que las alegaciones presentadas "aún no han sido respondidas por el Ayuntamiento", lo que les deja en una situación de "indefensión manifiesta" y cualquier decisión de la administración mientras se mantenga esta situación podría ser "un ilícito penal".

Desde Convent Carmen han expuesto las consecuencias del cierre, entre las que destacan la "desaparición" de un proyecto "pionero y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 2030"; la clausura de un espacio "abierto a la ciudad tras 400 años"; los "despidos de 60 trabajadores"; la "alteración de la filosofía del proyecto", ya que "les obligará a ser más pragmáticos y extractivos"; la "desaparición de la programación sociocultural", ya que la iglesia será "privada"; y un "daño reputacional irreversible" para los responsables del proyecto.

Los responsables de Convent Carmen han considerado que se está dando una "arbitrariedad administrativa", ya que, "teóricamente", el cierre de Convent Carmen implicaría el cierre de "todos aquellos que hacen lo mismo", sobre todo los que lo hacen "sin licencia, sin título habilitante o vulnerando la ordenanza de ruido", entre los cuales han nombrado al Jardí Botànic o la Plaza de Toros.

Han agregado que tanto el secretario municipal del Ayuntamiento de València, Manuel Latorre, como la concejala de Espacio Público, Lucía Beamud, y el alcalde de València, Joan Ribó, "son conocedores de esta situación y la permiten".