Una persona en silla de ruedas sube a un coche. EFE/ArchivoLa Comunitat Valenciana registró en 2018, por tercer año consecutivo, un "crecimiento espectacular" de las personas con dependencia atendidas, cerca de un 21 % con respecto al ejercicio anterior, y en tres años (desde 2015) ha conseguido incrementar en un 70 % la tasa de atención y reducir al triple la de desatendidos.
Estas son algunas de las conclusiones del último informe del Observatorio de la Dependencia, realizado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que afirma que el pasado año la Comunitat consiguió rebajar la tasa de desatendidos al 12,6 por ciento, inferior a la media nacional situada en el 19,2 por ciento.
El informe señala que el Sistema genera en la Comunitat Valenciana 12.794 puestos de trabajo directos y en los tres últimos años se han creado más de 4.000 nuevos puestos e trabajo, aunque matiza que la capacidad de generación de 25 empleos por millón "aun dista bastante de la media nacional".
Además, indica que de haberse aprobado el incremento de 415 millones de Nivel Mínimo de Protección de los Presupuestos Generales del Estado de 2019, esta autonomía recibiría 26,6 millones de euros para reforzar el sistema, atender a 4.012 nuevos dependientes y generar 655 nuevos empleos.
También afirma que el promedio de gasto por dependiente en la Comunitat Valenciana, de 6.626 euros, es "ligeramente superior" a la media nacional, que se estima en 6.580 euros.
Por su parte, el gasto medio por habitante, de 90,96 euros, es un 55 por ciento menor que la media nacional (140,18 euros), como consecuencia de la "aún deficiente tasa de cobertura (a pesar del enorme esfuerzo de los últimos tres ejercicios)".
Además, afirma que en 2018 la Comunitat Valenciana alcanzó una tasa de cobertura de 14,86 atendidos por cada 1.000 habitantes, situándose en valores "muy alejados" de la media nacional, de 21,5 atendidos por cada mil habitantes.
También se ha conseguido reducir la tasa de desatendidos a 125,65 por cada mil habitantes, frente a los 360,38 por cada cien mil habitantes que tenía en 2015, situándose en niveles inferiores a la media nacional.
En toda España, las listas de espera de la dependencia se redujeron en 2018 en 60.000 personas, aunque murieron 30.400 dependientes esperando a recibir los servicios que les habían sido reconocidos por ley, 80 personas cada día, según el informe.
Siguen esperando 250.037 personas para recibir prestación o servicios a los que tienen derecho, de las que el 60 por ciento viven en Cataluña y Andalucía.
El 3 por ciento de la población -1,3 millones de personas- tiene reconocida su situación de dependencia al finalizar 2018 (39.000 más que el año anterior), de los que reciben algún tipo de atención algo más de un millón (100.000 más que en 2017), mientras que otros 128.568 esperan su valoración.
De todas las personas con dependencia reconocida, dos tercios son mujeres (65 %) y un tercio (35 %) son hombres; el 72,5 % de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 80 son el 54,5 % del total.
Por regiones, el informe destaca que la atención es plena en Castilla y León, Ceuta y Melilla y que han progresado positivamente en los dos últimos años, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia.
Hay comunidades en las que se aprecia "cierto estancamiento", como Asturias, Canarias, Cantabria y País Vasco y señala que las comunidades "en situación preocupante" son Andalucía, Cataluña y La Rioja.
Las diferencias entre comunidades siguen siendo muy elevadas tanto en relación con el acceso, que en el caso de Castilla y León supone en 13,6 % mientras que en Canarias es del 5,4 %, como en el coste medio por dependiente atendido, que oscila entre los 5.160 euros año en Murcia y los 7.697 euros de Cantabria.
Del gasto público directo en dependencia en 2018, la Administración General del Estado soportó el 20 % y las comunidades autónomas el 80% restante, lejos de lo que marcó la ley de dependencia que era del 50 por ciento cada administración.
La asociación de gerentes de los servicios públicos ha pedido al Gobierno que apruebe mañana en el Consejo de Ministros el acuerdo para que recuperen las cotizaciones a la Seguridad Social 180.000 cuidadores.
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