Imagen de archivo. EPDA El
sindicato CSIF lamenta que mientras el colectivo de trabajadores de
Administración General del Estado ya ha visto aplicado en sus
nóminas el incremento del 2%, esta situación no se produce con los
empleados públicos que dependen de la Administración valenciana. La
central sindical hace hincapié en que la Generalitat no ha comenzado
ni tan siquiera el trámite con la convocatoria de la Mesa General de
la Función Pública Valenciana para aprobar esa subida.
La
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica que
el Gobierno estatal aprobó en enero la mejora, pactada desde 2018
con la firma de los principales sindicatos, como CSIF, del incremento
de un 2% de la nómina de los empleados públicos en 2020 como medida
para ir recuperando el poder adquisitivo perdido.
CSIF
continúa señalando que desde entonces, tanto en la reunión
mantenida ese mes de enero con la consellera de Justicia,
Administración Pública e Interior como en un escrito remitido al
presidente de la Generalitat el pasado mes de febrero, la central
sindical ha reclamado el abono urgente de ese aumento salarial.
El
sindicato explica que en este tiempo la Generalitat no ha contestado
y ni tan siquiera ha convocado la reunión de la Mesa General de
Negociación de la Función Pública Valenciana en la que se aprueba
trasladar al ámbito autonómico la medida nacional. En cambio, el
colectivo de trabajadores de Administración General del Estado sí
que ha visto cómo en su nómina de febrero se aplicaba ese
incremento.
La
central sindical considera que se está produciendo una
discriminación a los profesionales que trabajan para la
Administración valenciana por parte del Consell. El sindicato
reclama al ejecutivo autonómico que convoque de inmediato la Mesa
General de Negociación y que aplique con carácter urgente el
aumento del 2% a todos sus empleados públicos.
CSIF
subraya la necesidad de recuperar la estructura salarial previa al
recorte de remuneraciones de entre el 5 y el 10 por ciento que se
ejecutó en 2010 y recuperar definitivamente la pérdida de poder
adquisitivo que se arrastra desde entonces, que oscila entre el 12,9
y el 17,9 por ciento..
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