José Soriano. /EPDA Desde luego que el Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra la mujer del pasado 25-N no podía tener, para las residentes de los partidos judiciales de Carlet, Xàtiva, Moncada, Catarroja y Picassent, una connotación más triste que la recogida, para todas las que puedan ser víctimas de esa violencia, en el Real Decreto 954/2022, de 15 de noviembre, que fuera publicado en el Boletín Oficial del Estado el siguiente día dieciséis de este mismo mes.
Extrañamente, mientras en las calles y plazas de todo el mundo se desarrollaba, este pasado viernes, ese Día Internacional, aquellas mujeres que pudieran ser víctimas de violencia en aquellos partidos judiciales se encontraban con una traba más en esa ya de por sí complicada circunstancia que supone el denunciar a su agresor.
Una más.
Y extrañamente también, y mientras a unas y a otras se les “llena la boca” de recursos especializados para erradicar esa violencia, a un Ministerio, con el “visto bueno” de nuestra Conselleria de Justicia se les ocurre, sin mayor argumento por lo que puede desprenderse de la lectura de aquel texto legal, incluida su exposición de motivos, apartar a la víctima del único lugar donde puede ser protegida, un Juzgado, y de la única persona que la debe proteger, un abogado o abogada especializado en Violencia contra la Mujer de nuestro Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, perteneciente a aquel turno de oficio especial y con una preparación en la materia tal que permite que, de forma gratuita, sea asistida desde aquel inicial instante en que se formula la denuncia y el procedimiento penal, hasta la finalización del procedimiento civil de Familia que pueda corresponder, de ser el caso.
A nadie se nos escapa que la redacción de un Real Decreto, aunque siempre torpe en esa redacción, ha tenido una elaboración.
Poco, peor aún, nada se ha hecho, para que esa buena sintonía que parece que existe entre la Conselleria, el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, el Consejo Valenciano de Colegios y el Consejo General de la Abogacía Española, haya tenido su reflejo en lo ahora ordenado, mejor agrupado, mediante aquel Real Decreto.
Si el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, y sus Diputados responsables del Turno de Oficio, como ya se ha reconocido, sabían de la tramitación, redacción y publicación de aquel Real Decreto, no sirve ahora encabezar una manifestación ni acompañar a nadie.
Este pasado viernes 25-N muchos, aunque no todos, estuvimos al lado de los abogados de Xàtiva, por ser la primera de las concentraciones convocadas, y volveremos a estarlo en todos y cada uno de los partidos judiciales donde se puedan convocar las mismas.
Se echó de menos que no estuviera al lado de los suyos la Presidenta del Consejo de la Abogacía Española que, para mayor comodidad, y por si la excusa del desplazamiento desde Madrid pudiera ser tenida en consideración, se encontraba, la tarde del viernes, en Alzira asistiendo a un acto institucional.
Tal vez la distancia entre Xàtiva y Alzira fuera mucha para aquella Presidenta, aunque parece no lo debe ser para la víctima, o tal vez entre aquellas funciones del CGAE no esté, en ningún caso, apoyar y defender a los que defienden, no conociendo a esta hora opinión o manifestación alguna de aquel Consejo General sobre este particular.
Sobraban en aquella concentración, con toda seguridad, aquellas representantes institucionales y diputados responsables del turno de oficio que, aun sabiendo y conociendo, no hicieron mucho por resolver lo que ahora es un problema de complicada solución.
La situación es grave.
Mucho.
Y todavía no nos hemos dado cuenta de esa gravedad.
Las excusas políticas, colegiales e institucionales, ahora, como siempre, son infinitas y, si no fuera por el particular que nos ocupa, podrían resultar hasta simpáticas.
Con toda seguridad no ha imaginado, ni aquel Ministerio con su Real Decreto, ni esta Consellería, que significa para esa víctima que, finalmente, tiene el valor de denunciar a su agresor, pongamos por caso en Fuente La Higuera, no solo atreverse a denunciar, sino llamar a un taxi, gratuito eso sí, esperar a que llegue, con su maltratador en las proximidades, ser trasladada al Juzgado de Alzira y recibir allí, gracias al artículo 8 de aquel Real Decreto, no solo la asistencia jurídica correspondiente, sino la adopción de las medidas judiciales que aquel órgano pueda establecer a su favor.
Y regresar después a casa, claro, en ese mismo taxi gratuito abonado por nuestra Consellería.
Se legisla sin pensar y aunque en otros casos pudiera parecer una cuestión sin importancia, en esta estamos hablando de la seguridad, integridad, defensa y, en algunos casos, de la vida de aquellas futuras víctimas.
Celebrar la creación de cincuenta y un nuevos Juzgados en España no pasaba, en ningún caso, por dar un salto atrás en la defensa de las víctimas en esta provincia de Valencia, ni apartarlas de los abogados y abogadas del ICAV, ni obligarlas a desplazarse entre municipios y sí con aproximar y no deslocalizar ese único lugar donde la víctima puede ser acogida: un Juzgado.
Solo los abogados y procuradores, y con toda seguridad los Jueces, Fiscales y Cuerpos de Seguridad del Estado que defienden a las víctimas de violencia, junto a esos infinitos recursos y medios existentes, pueden entender el riesgo para la vida de esas mujeres que ese Real Decreto supone.
El resto no se entenderá ni lo entenderán hasta que algo suceda y entonces ya no nos servirán ni las explicaciones de la Consellería ni las manifestaciones de un Colegio, el de Abogados, ni de un Consejo, autonómico o nacional, a esta hora sin pronunciarse, que, de nuevo, han hecho tarde en proteger ya no a los suyos, que también, sino a la defensa de quien más lo necesita.
Personalmente no me valen, ahora, las manifestaciones de las representantes de un Colegio y de un Consejo Valenciano.
La situación generada con ese Real Decreto es tan fácil de entender como fácil era negar y oponerse a los términos de su redacción durante su tramitación, habiéndonos manifestado, concentrado o reclamando entonces y no ahora.
Y desde luego que no se debe permitir que la víctima, como alguien indicaba este pasado viernes, tenga que “pasear” su maltrato de un partido judicial a otro en base a un nuevo capricho de ese más que torpe legislador que no sabe lo que redacta y no proyecta lo que obliga a cumplir.
Triste, mucho, que si ya se advirtió a la administración de esta situación, tengamos que salir a la calle de forma precipitada y urgente para reconducir una situación que no debiera de hacerse producido.
Nunca.
De nuevo no se le ha prestado la atención suficiente a este particular por parte de nuestro Colegio, ese que pretende la dignidad de los abogados del turno de oficio ni se ha puesto el cariño que las victimas merecían por parte de nuestros Consejos, autonómico y general, de la abogacía.
Este pasado viernes 25-N, con toda seguridad, fue el día más triste para las víctimas de violencia de esta provincia que deban ser defendidas por los abogados y abogadas del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia de los partidos judiciales de Carlet, Xàtiva, Moncada, Catarroja y Picassent.
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