Denuncian actos de violencia contra el funcionarado en las cárceles valencianas

La cárcel de Picassent. /EPDA

El sindicato CSIF alerta de la inseguridad en las cárceles valencianas y advierte del peligro de que se reproduzcan agresiones como las sufridas por funcionarios de prisiones en Cuenca, Algeciras o La Rioja. Para reducir esa inseguridad, la central sindical exige un refuerzo urgente de plantillas, una formación continuada y de mejor calidad y más medios coercitivos, entre otras medidas.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica que en los centros penitenciarios de la Comunidad Valenciana existen 453 vacantes por cubrir, lo que provoca que las plantillas se hallen mermadas y se agrave la falta de seguridad. El sindicato explica que los profesionales sufren amenazas de agresión a diario por parte de presos.

CSIF subraya la situación del centro penitenciario Antonio Asunción, ubicado en Picassent, el mayor de España en cuanto a población reclusa, que alcanza los 1.950 presos y una plantilla de funcionarios que no llega a los 900 trabajadores. El sindicato advierte de la necesidad de reducir el número de internos que alberga el centro debido a la escasez de personal en servicio interior para atender los módulos y también por las constantes deficiencias estructurales de las instalaciones penitenciarias.

El sindicato explica que el colectivo de profesionales de prisiones afronta esta situación con una formación muy reducida y con medios coercitivos desactualizados para evitar agresiones. En este sentido señala que la formación está comenzando a reactivarse ahora, después de encontrarse paralizada desde finales de 2019. El sindicato reclama que sea continuada y de mejor calidad, con una oferta amplia de cursos de resolución pacífica de conflictos, defensa personal o extinción de incendios, entre otros.

La central sindical exige, igualmente, una actualización y modernización de medios. En esta línea defiende la existencia de grupos de intervención en las prisiones especializados en actuar ante situaciones de riesgo. También plantea la utilización de las armas taser, ya que aportarían “más seguridad ante los comportamientos de gran violencia de algunos internos y evitarían daños para la salud de los trabajadores y de los propios internos”.

El sindicato insiste en el desarrollo del Protocolo Específico de Actuación Frente a Agresiones (PEAFA), que CSIF firmó en 2016 con la Administración. De este modo, advierte de que no se han llevado a cabo medidas de protección jurídica ni de apoyo psicológico al funcionario, ni se ha desarrollado un plan especial de formación para mejorar la prevención y la respuesta frente a agresiones por parte de los empleados públicos, ni tampoco se ha aplicado una actualización de los medios coercitivos.

CSIF considera “inaceptable que los actos de violencia sigan sin tener una respuesta contundente por parte de la Administración penitenciaria y de los actores políticos, que actúan con pasividad e inacción”. El sindicato reivindica “el principio de tolerancia cero frente a cualquier manifestación violenta”.

La central sindical, en este sentido, advierte de que esa pasividad afecta a los funcionarios de prisiones y también a la propia ciudadanía, ya que “la seguridad queda en entredicho cuando se conceden terceros grados en contra de informes de la Junta de Tratamiento penitenciario. En la práctica, esto supone que por la calle transiten personas que deberían estar dentro de la prisión”.