Francisco José Adán
La situación actual sobre los
desahucios se ha desfigurado de tal forma que hace imposible un análisis
profundo del tema y evita que se pueda llegar a una solución correcta en la que
los sujetos intervinientes en un desahucio, no vean reducidas sus capacidades
procesales. Este artículo pretende un ligero acercamiento jurídico al
desahucio.
El desahucio es una herramienta
jurídica que permite al propietario de un bien inmueble, tirar al inquilino por
impago. Puede ser el desahucio que promueve el banco cuando el inquilino ha
impagado la cuota del préstamo y sobre ese préstamo hay una garantía
hipotecaria sobre la vivienda y por lo tanto esa vivienda responde de la deuda.
El desahucio también puede ser sobre la vivienda alquilada, es decir, la persona
que está alquilada en una vivienda y no paga la renta al dueño, puede ser
desahuciada. Muchas personas tienen como único ingreso el dinero de su
inquilino. El desahucio además, también puede ser sobre establecimientos
comerciales. Ya está. Estar en contra del desahucio es estar en contra del
derecho del propietario y según qué casos, de la justicia. ¿Por qué he de
permitir que una persona esté en mi casa viviendo gratis cuando se ha
comprometido a pagar una renta al mes? ¿Cuántos propietarios necesitan de forma
necesaria y vital la renta que el inquilino debe pagar? Muchos.
La Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea no declara ilegal los desahucios, declara no
ajustada a derecho la normativa procesal para cuando se ejecuta un préstamo bancario
para el consumidor, ya que nuestra actual legislación impide el análisis
jurídico del contrato en el mismo proceso, evitando poder entrar a valorar las
posibles cláusulas abusivas. Por lo tanto no hay que lanzar las campanas al
vuelo.
Una cosa es atacar y querer
reformar la ley hipotecaria, revisar el sistema francés de amortización de
préstamo porque es realmente injusto, echar una reforma al sistema de subastas
y tasación o reformar el derecho procesal civil que deja en indefensión al
ciudadano frente al banco, por lo menos, en desequilibrio procesal.
Otra segunda cosa bien distinta
es ir a casas de políticos, o a sus sedes, a amedrentarles. Una tercera cosa
bien distinta es estar en contra de los desahucios, en general.
La plataforma contra los desahucios
ha hecho una gran movilización en todo el país, agitando conciencias y poniendo
de relieve las manifiestas injusticias que este sistema ha producido a mucha
gente que se queda sin casa, en la calle, ya sin trabajo y además con una deuda
con la entidad bancaria imposible de asumir, sobre todo por los intereses.
El tema es lo suficientemente
importante y delicado como para enfocarlo como se está enfocando ahora, de
forma maximalista, genérica y cargado de ideología política. Aquí no se habla
de política, se debería hablar de derechos, de justicia social ( por supuesto
que sí), y de una política encaminada a ayudar al más necesitado sin quebrantar
el necesario Estado de Derecho que consiste en igualdad ante la Ley, la
seguridad jurícida y la responsabilidad por los actos propios.
Las entidades bancarias, por su
posición vital en la vida socioeconómica del país, deberían tener una
regulación más garantista para el ciudadano, evitando el actual desequilibrio
que existe.
Estas movilizaciones, ahora mismo desviadas a
otros menesteres, con un Jorge Verstrynge,
lamentable, han de saber que el enfoque actual del enorme problema que supone
la regulación de los préstamos hipotecarios para la vivienda habitual, hay que
afrontarlo desde una postura analítica, encaminada, por supuesto, a la justicia
social, pero también a la protección de la seguridad jurídica y del Estado de
Derecho.
De seguir con esta senda, no solo
no se solucionará el problema de fondo sino que además se enturbia más un
ambiente social lo suficientemente turbio de por si, como para ir añadiendo más
piedras en el camino.
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