César Salvo. EPDA. A estas alturas, traspasado el ecuador de la legislatura, se me hace como mínimo dudoso que el tema de la TASA MINERA fructifique de la manera en que –en campaña- prometiera la lista de Serranía es Futuro. Y lo digo porque después de dos años ha sido imposible encauzar una negociación interna del Equipo de Gobierno que acabe diseñando un contenido legal a dicha tasa.
El escollo no está en los empresarios mineros que dan la callada por respuesta y no acuden a la convocada Mesa de la Minería; ese es su compromiso, insolidario con el pueblo del cual están sacando pingües beneficios. No, el problema radica en la postura más o menos conjunta del resto del equipo, esto es PSOE e IU, que dan muestras de ser poco proclives a pactar una normativa municipal que grave con una tasa global la actividad minera en nuestro término.
Y esto en base a tres criterios clave para aplicarla: el deterioro medioambiental, el uso y abuso de los caminos públicos y la inexistencia de un IBI industrial para una actividad que genera pingües beneficios empresariales que -no obstante- no repercuten en las arcas municipales generando ingresos, como si los generan el resto de actividades industriales radicadas en nuestro municipio, sometidas desde hace décadas a un agravio comparativo inaceptable.
¿Cómo es posible que la llamada “izquierda” esté en contra de obtener justos beneficios de una actividad secular como es la minería? ¿Hay un trato de favor para los empresarios mineros…? Que lo expliquen, pero razonadamente.
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