Los nuevos equipos de gobierno municipal
van a encontrar unas escasas arcas públicas para unos elevados compromisos y
una dinámica de gestión poco disciplinada.
Así se puede concluir del informe
de la Cuenta General de Entidades Locales correspondiente a 2013 que la
Sindicatura de Comptes ha entregado en Les Corts. El informe, que recoge y analiza
la información económico-financiera de las 610 entidades locales (el 91% del
total) que han remitido sus cuentas a la Sindicatura hasta el 31 de diciembre
de 2014, alerta sobre el incumplimiento generalizado de los plazos de los
ciclos presupuestarios y sobre el descenso en el resultado presupuestario
ajustado, que ha bajado un 47% en los ayuntamientos.
Así, este resultado, que mide el
supéravit-déficit, ha pasado de 788 millones de euros en 2012 a 417 millones al
cierre de 2013. De hecho, la incidencia más frecuente detectada es el resultado
presupuestario ajustado negativo
que presentan 37 ayuntamientos, lo que apunta a un posible incumplimiento del
principio de estabilidad presupuestaria, ya que con los derechos reconocidos
del ejercicio no pueden hacer frente a las obligaciones reconocidas, señala el
informe.
A ello se añade que, a pesar de
que el remanente
de tesorería para gastos generales ha
mejorado de forma global un 19% por el plan de pago a proveedores, existen 40
municipios que tienen esta partida en negativo. “Estas circunstancias son
indicativas de un deterioro de la situación económica de las entidades”, añade.
La Sindicatura alerta
especialmente de la situación que atraviesan siete municipios en los que a un
remanente de tesorería negativo suman un resultado presupuestario negativo (se
adjunta cuadro). El órgano de control recuerda a las entidades locales que la
Ley General de Estabilidad Presupuestaria les obliga a quienes “no hayan
alcanzado el objetivo de estabilidad a elaborar en el plazo de tres meses un
plan económico-financiero a medio plazo para corregir su situación”.
Esta coyuntura se ve reflejada en
los indicadores por habitante, donde los municipios han visto como descendía su
superávit en un 40% para los ayuntamientos de Valencia, un 58% para los de
Alicante y un 83% para los de Castellón. Ello a pesar de haber descendido el gasto y la
inversión por habitante en todas las provincias, excepto
en los municipios alicantinos, donde la inversión ha crecido un 27% (ver cuadro
adjunto).
La tercera incidencia más
frecuente es la falta de estimación de dudoso cobro en el remanente de tesorería, que “es un indicio de que se han
incumplido las normas presupuestarias y contables que obligan a determinar
dicho importe”. En conjunto, los municipios suman 621 millones de euros en
saldos de dudoso cobro, lo que provoca que el remanente de tesorería para
gastos generales se sitúe en 456 millones de euros. En este sentido, la
Sindicatura de Comptes recomienda que “las bases de ejecución del presupuesto
tengan en cuenta el principio de prudencia a los efectos de estos cálculos” e
indica que “las deudas entre las distintas administraciones no deben ser
excluidas de esta estimación”.
Por la parte de los compromisos,
las deudas
con entidades de crédito a largo
plazo han disminuido un 13% hasta 2.342 millones de euros. Como ocurrió el
ejercicio anterior, han aumentado sin embargo las deudas a corto plazo en un
15% hasta situarse en 334 millones de euros.
Los ayuntamientos valencianos
acumulan obligaciones reconocidas netas por 3.976 millones de euros, a las que
habría que sumar las obligaciones
pendientes de aplicar al presupuesto,
que en 2013 ascendían al menos a 175 millones de euros, un 9% más.
En esta línea destaca
significativamente la situación de las diputaciones provinciales (también analizadas en este informe), cuyas
obligaciones fuera de presupuesto han crecido un 428% al pasar de 1,7 millones
en 2012 a casi 9 millones en 2013.
Transparencia
El informe de la Sindicatura advierte
sobre lo que debe ser el objetivo prioritario de las entidades locales: el
cumplimiento de los plazos del ciclo presupuestario. “No sólo por ser una
exigencia legal, sino también porque refleja transparencia en la gestión y en
el manejo de los fondos públicos”. Y es que el 69% de los ayuntamientos no
aprobó en el plazo previsto su presupuesto, el 27% la liquidación y el 18% la
cuenta general. Del total de ayuntamientos, 517 presentaron la cuenta general a
la Sindicatura, lo que supone el 95% del total, pero no lo hicieron grandes
ayuntamientos como Alboraya y Gandía (la ha remitido el pasado 1 de julio) y lo
hicieron con posterioridad al cierre del informe Aldaia, Orihuela y Sueca.
La Sindicatura de Comptes recuerda a las entidades
locales que la rendición de cuentas es un requisito para recibir subvenciones
de la Generalitat. Así lo establece la nueva redacción del artículo 199 de la Ley
8/2010, de 23 de junio, que introduce la Ley de Medidas para 2015, según la
cual “cualquier entidad local que sea beneficiaria de una ayuda o subvención de
la Generalitat cuya convocatoria haya sido aprobada con posterioridad al 1 de
enero de 2015, no podrá percibir el importe correspondiente si en el momento en
que sea procedente el pago no realiza dicha acreditación, con independencia de
cuál sea el ejercicio cuyas cuentas no han sido rendidas ante esta Sindicatura”.
El informe completo, con las cuentas de cada una de
las entidades, está disponible en la web de la Sindicatura
(www.sindicom.gva.es).
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