El acusado de matar a su inquilina y convivir con su cadáver un mes reconoce los hechos

Un hombre diagnosticado de un trastorno de personalidad y esquizofrenia y acusado de matar a cuchilladas a su inquilina y convivir con su cadáver durante casi un mes en una vivienda de Alicante ha reconocido este lunes los hechos ante el jurado popular que le juzga por el delito de asesinato y ha afirmado que la víctima le hizo "la vida imposible” y que él no estaba recibiendo tratamiento en ese momento.

En una escueta declaración, en la que se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de las partes, el procesado ha admitido los hechos y ha alegado que no sabía lo que hacía cuando ocurrió el suceso.

"Soy responsable de los hechos y del daño causado. Esta persona me hizo la vida imposible y yo no tenía tratamiento, estaba bastante abandonado”, ha dicho. Acto seguido ha añadido que la mujer, de 66 años y nacionalidad extranjera, le "maltrataba cada día más”, por lo que, según ha expuesto, él se recluía con la supuesta intención de no estar con ella.

El crimen se produjo el 29 de agosto de 2023 en el domicilio en el que residía el acusado, quien había alquilado una habitación a la víctima. La Fiscalía sostiene, en su escrito de acusación inicial, que el procesado mató a su inquilina con la ayuda de un cuchillo de cocina de 15 centímetros de hoja y de un martillo, abordándola en el pasillo de la vivienda, situada en una calle del centro de Alicante.

La mujer falleció desangrada como consecuencia de las heridas provocadas: hasta 16 puñaladas en distintas partes del cuerpo como la espalda y el tórax. Después, el hombre le ató las manos y los pies, y arrastró el cuerpo hasta la habitación interior de la vivienda, donde lo cubrió con bolsas de basura y un edredón.

En los días sucesivos, hizo vida normal sin contar lo sucedido, hasta que el 24 de septiembre de ese año llamó al número de emergencias de la Policía Nacional para relatar que se había producido un accidente, que había matado a su inquilina y que tenía intención de entregarse.

La Fiscalía solicita para el acusado la pena de 12 años de prisión, además de 5 años de libertad vigilada, por un delito de asesinato con la agravante de alevosía, al considerar que atacó a la víctima de forma sorpresiva, aprovechando la “confianza” de su relación de convivencia.

Con todo en esa petición le aplica la atenuante de confesión y la de alteración mental, como consecuencia de la enfermedad que tenía diagnosticada, que provocó que tuviese su capacidad volitiva “parcialmente anulada” cuando protagonizó los hechos.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por el hijo de la víctima, eleva la petición hasta los 21 años de cárcel por el mismo delito de asesinato, aunque, además de la agravante de alevosía, también considera que concurrió la de ensañamiento.

En esta línea, el letrado que defiende los intereses del hijo de la fallecida ha incidido en que el acusado actuó “brutal y cobardemente” para acabar con la vida de su inquilina, asestándole hasta 16 puñaladas, para aumentar su sufrimiento, puesto que “no todas ellas fueron causantes de su muerte”.

Ha señalado que, después, dejó que se desangrase y que su cadáver “se pudriese” mientras él seguía haciendo vida normal. En esta línea, ha remarcado que incluso vio tutoriales de YouTube sobre cómo evitar olores por la descomposición del cuerpo y que arrojaba productos de limpieza sobre él.

Por último, ha considerado que el acusado “era consciente de lo que hacía”, a la vista de las conclusiones que se plasmaron en el primer informe psiquiátrico emitido tras su primera exploración, cuando se acordó su ingreso en prisión provisional.

Mientras, el abogado del procesado ha anticipado su petición de libre absolución al sostener que este actuó con sus capacidades volitivas e intelectivas anuladas por completo como consecuencia de la enfermedad que sufre, de modo que cabía aplicarle la eximente completa porque “no sabía lo que hacía”.

En este sentido, el letrado defensor ha argumentado que, en el momento de los hechos, no estaba tomando la medicación que le correspondía ante el “abandono de la administración pública” que debía ejercer su control asistencial.

El juicio prosigue mañana martes con la prueba pericial.