Argentina no solo ha violado el derecho positivo, tanto en lo referente al derecho internacional público y privado en cuanto a la violación de convenios bilaterales sino también, ha pervertido el uso y la aplicación de la herramienta de la expropiación forzosa en primer lugar sin ofrecer justiprecio y llevando la policía a expulsar a los directivos de las oficinas y segundo alegando a una utilidad pública muy poco argumentada.
El gobierno argentino ha hecho un daño irreparable a su imagen para los inversores ya que nadie va a querer invertir en un país donde , de la noche a la mañana , esgrimiendo el siempre manido argumento del "interés nacional", se permite expoliar la propiedad privada de una empresa sin la cual va a ser imposible explotar los yacimientos petrolíferos. No existe seguridad jurídica y esto espanta a los inversores.
No se discute que el uso de la expropiación forzosa sea legal o no, extremo que nadie niega, lo que se discute, justamente, es que lo hecho por Argentina sea, exactamente, una expropiación forzosa que respete, además, lo establecido en los acuerdos de Derecho Internacional. Argentina debería indemnizar en moneda convertible todo el valor de lo expropiado para que el uso de la expropiación sea conforme a derecho y deje de ser una actuación reprochable jurídica y políticamente para pasar a ser una acción únicamente reprochable políticamente.
Defenderse
Políticamente hablando España tiene la obligación de defender los intereses de su país allá donde estos se vean amenazados, ya sea intereses públicos o privados, como lo hace cuando media con un condenado a muerte en el corredor en EEUU, o lo hace mediando entre secuestradores de colaboradores de ONG’s o pagando el rescate a piratas en África.
Lo que no es justificable es que, por el hecho de que sea una empresa, ésta no disponga de apoyo alguno por el Estado y más aún cuando es un Estado extranjero el que ataca de forma tan injustificada los legítimos derechos de la mercantil española como es el caso que nos ocupa.
El Gobierno de España ha de realizar las gestiones oportunas y necesarias para proteger, como digo, los intereses de sus empresas y sus ciudadanos siempre que estos sean atacados de forma tan flagrante.
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