Desde 2003 los vecinos
que viven en las inmediaciones de la fábrica de pipas de fumar de la ex
alcaldesa del PSOE, Empar Navarro, han sufrido los constantes ruidos producidos
por esta nave industrial que no estaba insonorizada y que provocaba
constantemente contaminación acústica para el perjuicio de los vecinos de las
viviendas colindantes.
Pese a que los vecinos
afectados solicitaron en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento que iniciara el
expediente sancionador correspondiente, nunca se actuó; por lo que los
afectados se vieron obligados a recurrir a los tribunales.
Aunque con la llegada
del Partido Popular al Ayuntamiento, se inició el expediente sancionador y se
instó al propietario a adecuar las instalaciones para no provocar ruidos, el
proceso judicial continuó su curso.
En 2010, el TSJ dictó
sentencia instando a la ex alcaldesa, a que legalizara la fábrica de pipas, y
aunque se comprometió a ello, nunca llegó a término y dilataba la queja de los
vecinos en el tiempo.
En concreto, los
denunciantes que sufren estos ruidos desde 2003 afirman, tal y como refleja la
sentencia, que hasta 2005 el Ayuntamiento no se dirigió a la sociedad mercantil
“Sucesores de Emilio Navarro, S.L”, propietarios de la citada fábrica para que
legalizara la situación. Y aunque comprobaron mediante mediciones que la
actividad de la empresa sobrepasaba los límites sonoros establecidos, “hizo
caso omiso”.
Por todo, ello y ante
la inactividad mostrada por el consistorio se ha establecido la cantidad de
4.000 euros más intereses para cada uno de los afectados en concepto de daños
morales, lo que implica unos 10.000 euros. Una sentencia para la que no cabe
recurso, y de la que el Partido Popular ya alertó durante la legislatura
anterior. De hecho, el actual Equipo de Gobierno reinició el expediente y actuó
para que desaparecieran las molestias a los vecinos.
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