“Han dilapidado a sabiendas el dinero de los
contribuyentes para defender intereses corporativistas”. Así de
tajante se muestra el decano del COIAL, Baldomero Segura, tras
conocer la sentencia que acaba de dictar el Juzgado Contencioso
Administrativo nº 2 de Valencia que da la razón al Colegio de
Ingenieros Agrónomos de Levante frente al Ayuntamiento de Manises.
El motivo, la discriminación arbitraria de un ingeniero agrónomo al
que una resolución del alcalde, Jesús Borràs i Sanchis, con el
aval del arquitecto municipal y dos Técnicos de la Administración
General, impidió firmar un proyecto de reforma interior de un local
comercial para un bar restaurante. Se da la circunstancia de que
hasta ahora los ingenieros agrónomos no habían tenido problemas con
este tipo de proyectos en este mismo ayuntamiento, y la paradoja de
que el mismo ingeniero firmó un proyecto muy similar justo a lado de
donde se proyectaba la reforma objeto del conflicto hace cuatro
alños. Entonces, los mismos técnicos no pusieron ninguna pega.
Una decisión en contra de la jurisprudencia
y del PGOU del municipio
Los servicios jurídicos del COIAL destacan que
en todas las vías previas al contencioso se ha aportado
justificación suficiente sobre la competencia de los ingenieros
agrónomos para este tipo de proyectos, apoyadapor
abundante jurisprudencia que es constante, clara y pacífica sobre el
asunto, pero desde el inicio quedó clara su intención.
En la sentencia, la jueza recuerda, mediante la
sentencia de 2012 del TSJ de Madrid, que la Administración Pública
“sirve con objetividad los intereses generales y dentro de dicha
función se incardina la potestad de otorgamiento de licencias
urbanísticas tanto para la realización de obras como para el
ejercicio de actividades, la cual tiene un carácter eminentemente
reglado sin margen alguno para la arbitrariedad”. Asimismo, destaca
que el artículo 219.1 de la LOTUP dispone que las licencias “se
otorgarán o denegarán de acuerdo con las previsiones de la
legislación y del planeamiento, salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros”, destacando que “a juicio de esta
juzgadora, no concurre motivo que permita vedar a los profesionales
con titulación de ingeniero agrónomo la redacción del proyecto
necesario para licencias como la de autos, pues de acuerdo a los
documentos13 a20 de la demanda, se imparte en la carrera
universitaria asignaturas relativas a la construcción, proyectos,
instalaciones eléctricas e hidráulicas…, que permiten concluir
que se cuenta con la capacitación profesional para ese cometido”.
Por el contrario, el Ayuntamiento de Manises
alegaba que se trataba de un proyecto para un local destinado a uso
residencial –los arquitectos mantienen un monopolio en este tipo de
proyectos—, para justificar el veto al ingeniero agrónomo,
argumento desmontado por la jueza de forma clara empleando el propio
PGOU del municipio.
La sentencia estima el recurso contra la
resolución del Ayuntamiento de Manises por ser contraria a Derecho y
por tanto la anula.
Ignorar a todo un colectivo profesional y
dispensar un trato vejatorio
Con la sentencia favorable en la mano,
Baldomero Segura lamenta la actitud del Ayuntamiento de Manises: “Les
recordamos, mediante una carta dirigida al alcalde, que estaban
contraviniendo la normativa y la doctrina jurisprudencial sobre
competencias profesionales y que debían revertir la situación,
además de advertirles de acciones legales si no rectificaban”.
Pero el COIAL solo obtuvo la callada por respuesta, algo que para el
decano del COIAL, que también firmó como presidente del Consejo
General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos, es
especialmente grave: “Represento a más de diez mil profesionales,
a quienes ha ignorado al no dignarse a contestar la carta”.
En el seno del COIAL también ha dolido “el
trato vejatorio dispensado por el equipo técnico municipal: malos
modos, falta de educación en el trato, prepotencia y mal estilo.
Incluso llegaron a colgar el teléfono a nuestro abogado”, lamenta
Segura, quien ha confesado sentir “rubor por el empleo del dinero
público y de los recursos de la administración para intentar
favorecer los intereses de un colectivo. Es un dispendio que han de
pagar los contribuyentes, y es aún más grave si pensamos que sabían
que iban a perder”.
La estrategia del Ayuntamiento crea en la
práctica un monopolio a favor de los arquitectos, pues según el
propio decano indica “se judicializa el asunto para obligar al
propietario del local a contratar un arquitecto para firmar el
proyecto ante la perspectiva de un conflicto judicial del que no se
sabe, en principio, fecha de resolución, además de no tener ningún
interés en enfrentarse a quien debe otorgar la licencia”.
Finalmente, Segura ha recordado que esta
victoria judicial “no es solo de los ingenieros agrónomos, sino de
todos los profesionales de la ingeniería”, pues las intenciones
del arquitecto municipal, los Técnicos de la Administración General
y en última instancia del alcalde, que es el que firma, era reservar
esta actividad en exclusiva para los arquitectos. No obstante apunta
que “no se suele llegar a esta situación, ya que, por ejemplo, en
el resto de municipios vecinos no tenemos este tipo de problemas”.
Por su parte, fuentes municipales aseguran que el local objeto de polémica lleva abierto más de dos años, y que fue el propietario quien decidió buscar a otro profesional en lugar del ingeniero agrónomo para que su expediente no sufriera retraso. Declaran que el tribunal de la competencia dio la razón al ingeniero agrónomo y el Consistorio acató la decisión.
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