El
concejal de Circulación y Transportes de Valencia, Alberto Mendoza, ofrecerá
esta tarde en la sede del PP de Mislata una charla sobre la necesidad del
transporte público en las ciudades. El acto, organizado por su propio partido,
ha sido entendido en el Ayuntamiento como una falta de respeto a los mislateros
y mislateras. Por eso, la portavoz municipal, Mª Luisa Martínez, ofrece al
responsable del transporte público de la capital "otra charla organizada
por el Ayuntamiento en un centro público, a la que puedan asistir todos los
vecinos y en la que puedan preguntarle por qué les quitó las líneas 7 y 29,
levantando una frontera que acabó con más de cien años estrechando lazos de
unión entre Mislata y Valencia gracias al transporte público".
La portavoz
del gobierno socialista critica que el Partido Popular "vuelva a tomar por
tontos a los vecinos de Mislata" y les exige que expliquen ante toda la
ciudadanía "por qué chantajearon al Ayuntamiento con unas cantidades
desorbitadas e inasumibles, que luego no exigen a los municipios gobernados por
su partido". Cabe recordar que las líneas de la EMT siguen llegando a
muchas poblaciones gobernadas por el PP y que incluso hace unas semanas
pusieron en marcha una nueva que llega hasta Moncada y Alfara, por la que entre
los dos ayuntamientos pagarán 46.000€ anuales.
En el
caso de Mislata, el Ayuntamiento de Valencia exigió más de 400.000 euros por el
mantenimiento de las dos líneas de autobús que ya existían y que utilizaban a
diario miles de vecinos de ambas ciudades. Para demostrar el "chantaje del
PP", el Ayuntamiento de Mislata saca por primera vez a la luz la propuesta
que en su día le ofreció Valencia. El documento demuestra cómo Valencia pedía a
Mislata 191.987€ por la línea 7 y 220.584€ por la línea 95, que debía sustituir
a la antigua 29. En este último caso, la cantidad era variable, pudiendo llegar
incluso hasta los 282.167€.
En
total, casi medio millón de euros por un servicio público que los vecinos de
Mislata ya pagaban al comprar sus billetes. De aquellas negociaciones, Martínez
recuerda que el Ayuntamiento de Mislata llegó a ofrecerles más de la mitad de
lo que exigía Valencia, "pero no era un problema económico sino una
cuestión política y territorial. No querían que sus
autobuses vinieran a Mislata. Y les daba igual acabar con un servicio público
con 360.000 usuarios anuales".
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