El concejal de Bienestar Social, Carles Silla, ha justificado la presentación de esta moción afirmando que "ya son varias las familias con personas con discapacidad las que están acudiendo a los Servicios Sociales municipales para solicitar ayudas". FOTO: EPDA.
Instar a la Generalitat Valenciana a que derogue el
artículo 160 de la ley 10/ 2012 que elimina la gratuidad de la prestación
farmacéutica y ortoprotésica a las personas con discapacidad, así como
solicitar a la Consellería de Bienestar Social que agilice la valoración de los
11.000 expedientes de dependencia, que todavía están por tramitar, son las dos
propuestas de acuerdo que recoge la moción presentada por el grupo municipal
socialista en el último pleno del Ayuntamiento, que tuvo lugar el jueves
pasado. Una reivindicación que viene a unirse a las constantes actuaciones que
se están llevando a cabo desde la Plataforma en defensa de la Ley de
Dependencia con el objetivo de defender los derechos y el bienestar de las
personas dependientes.
El escenario actual de crisis se hace, todavía más
dramático cuando nos acercamos a la situación que están viviendo las personas
con discapacidad, y sobre todo las familias con menores que sufren algún tipo
de minusvalía, porque, debido a la aprobación de la Ley 10/2012 del 21 de diciembre,
están obligados a abonar el 40 % o el 50% del valor de los medicamentos. Una
imposición que, según informa el Colegio de Farmacéuticos, está provocando que
aproximadamente un 20 % de las recetas no se estén retirando, así como cada vez
sea más frecuente la pregunta “¿Cuánto vale?” antes de comprar la medicación
con el fin de saber si se pueden llevan o no la totalidad de los medicamentos.
El concejal de Bienestar Social, Carles
Silla, ha justificado la presentación de esta moción afirmando que “ya son
varias las familias con personas con discapacidad las que están acudiendo a los Servicios
Sociales municipales para solicitar ayudas; familias que han visto como los
recortes y el copago están dejándolos en una situación insostenible”. En
definitiva, estamos “ante una consecuencia más de los brutales recortes tanto
del gobierno central como del autonómico, que estan mostrándose inclementes
ante el sufrimiento de uno de los sectores más frágiles y desprotegidos de la
sociedad”, concluye el concejal.
Por otro lado, según se argumenta en la misma
moción, esta ley que obliga al copago de las personas con discapacidad entra en
contradicción con otra del año 2008, donde “se reconoce la gratuidad de la
prestación farmacéutica a menores en grado de minusvalía igual o superior del
33 %”.
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