El edil de Hacienda, Enric Ariño. EPDA El concejal de
Hacienda, Enric Ariño, ha querido corregir la imagen que se ha dado del
Consistorio, utilizándose terminología como ineficaz, caos o
dejadez y ha explicado que “el Ayuntamiento de Sagunt ha
funcionado como siempre y que en ningún caso hay un caos. Sin
embargo, puede que haya una alteración en el funcionamiento normal
del procedimiento a la hora de pagar facturas porque ha salido una
ley nueva”, lo que según Ariño es causa de que el proceso no
se adapte a la “velocidad adecuada”. Y ha añadido que
esta es una problemática que está sucediendo en otras
administraciones que también se han tenido que adaptar a la nueva
Ley de Contratos. No obstante, el Periodo Medio de Pago (PMP) no ha
superado los 30 días.
La nueva ley “ha
generado este retraso en adaptarnos y por lo tanto la explicación de
lo que pasa es eso, una adaptación lenta a una nueva normativa”.
Además, con referencia a las acusaciones formuladas contra el
Ayuntamiento calificándolo de moroso porque está tardando en pagar
a los proveedores e incumple la Ley de Morosidad que especifica 30
días para el pago una vez que se registre la factura, el delegado
rebate esa afirmación y manifiesta que según datos extraídos del
programa que utiliza el Ayuntamiento para realizar los pagos, el
Periodo Medio de Pago del Ayuntamiento de Sagunt registró “en
el segundo trimestre 17.34 días y en el tercer trimestre un total de
24.42 días. La ley obliga a pagar dentro de los 30 primeros días
desde que la factura entre en el circuito. Por lo tanto, nuestros
datos indican que no se ha incumplido esta cuestión”.
Respecto a la información
que recoge el Ministerio de Hacienda, que dice que el Periodo Medio
de Pago es de 34 días, en realidad no se refiere solo al
Ayuntamiento de Sagunt, sino que incluye también al Consell Agrari
de Sagunt, organismo autónomo del Ayuntamiento, la Sociedad Anónima
de Gestión y a Aigües de Sagunt.
Sin embargo, explica que
“es posible que algunas facturas por cuestión de registro o
porque no han llegado al departamento que corresponda pueden tardar,
aunque también hay proveedores que a veces tardan mucho en
emitirlas”.
Asimismo, el concejal de
Hacienda aborda la cuestión relativa al Plan de Medios o Plan de
Publicidad Institucional, “un acuerdo del Pleno Municipal que
pretendía distribuir la publicidad institucional en los medios de
carácter local y comarcal de la zona. Pero en ningún caso se puede
entender como una obligación contractual entre el Ayuntamiento y las
otras partes”. Ariño afirma que desde el equipo de Gobierno
había “voluntad de aplicarlo”, pero para ello se tiene
que cumplir la legalidad y los procedimientos marcados por la Ley de
Contratos del Sector Público.
El delegado apunta que
había dos alternativas: “Continuar con el plan, aunque sea
ilegal, cosa que se nos criticaría, o adaptarnos a la nueva
realidad, que es por lo que hemos optado”.
Asimismo, declara que hay
dos situaciones. Por un lado, pagar lo ya publicitado, y que no se
ajustaba a la nueva normativa, a través del procedimiento de informe
de Omisión de Fiscalización. De esta forma, se pagarían estas
facturas porque ya se ha cumplido el servicio, aunque “es un
procedimiento que cuesta un poco más”. Y por otro lado, “hay
que revisar el Plan de Publicidad Institucional y adaptarlo a la
nueva legalidad, es decir, hacer un contrato que cumpla con lo
establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de
Publicidad Institucional aprobada en mayo de este año”.
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