El Pleno dio cuenta
ayer de la sentencia emitida por el tribunal Supremo respecto a la expropiación
irregular de terrenos que realizó el PSOE durante la pasada legislatura para
realizar el Centro Matilde Salvador, conocido en la actualidad como Mirall Jove-
Centre Matilde Salvador, ubicado en la calle Maestro Serrano, 42.
La sentencia emitida
por el Supremo establece una indemnización de 1.413.100 euros más intereses a
pagar por el Consistorio a los afectados por la expropiación. Una cantidad, que
según argumentó la alcaldesa de Aldaia, Carmen Jávega, “tendrán que pagar todos
los aldaieros por la mala gestión que realizó el PSOE del Ayuntamiento”, es más
indicó, que de contar con esta cantidad, “se podrían haber desarrollado
políticas de empleo” sobre todo porque el PSOE que “contantemente afirma tener
la solución a la crisis, demuestra una vez más con esta sentencia que cuando
gobernaban no solo no la aplicaron, sino que nos endeudaron más”.
Desde hace años, el
Partido Popular ha denunciado reiteradamente tanto en el pleno como en los
medios de comunicación, que este proceso se había realizando tasando a la baja,
perjudicando de este modo a los propietarios de los terrenos.
En un primer momento
los propietarios querían que se anulara el proceso de expropiación, pero esta
solicitud no prosperó, sin embargo sí que se admitió el hecho de que se les
había valorado mal, porque el valor de las viviendas y futuras construcciones
se debía adaptar al precio de mercado.
Así, la sentencia
llegada al Ayuntamiento este mes se reafirma en la que ya dictaminó el Tribunal
Superior de Justicia dictaminó en noviembre de 2010, donde se establecía que se
habían valorado mal los metros fruto de la expropiación para construir el nuevo
centro Matilde Salvador y que por ello el Consistorio tenía que abonar 850.000
euros, el Partido Popular vaticinaba que llegaría a superar el millón de euros
puesto que el proceso arranca de 2006.
En su momento, el PSOE
interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo acogiéndose al hecho que la
sentencia vulneraba la Ley de Valoraciones, pues según argumentaban, “la
sentencia incurre en error al aplicar el método de valoración que se establece
en el precepto” ya que el aprovechamiento no puede “el propuesto por el perito
procesal, sino el que se establece en el acuerdo del jurado”.
No obstante, el
Supremo ha desestimado todos estos argumentos, señalando que el PGOU del
planeamiento vigente en el momento de la expropiación, por el método de
tasación conjunta, “no determinaba un coeficiente de edificabilidad para el
solar, sino mediante la fijación de alineaciones y alturas edificables”, es
decir, que se debería de haber fijado el rendimiento económico que le
produciría a los expropiados su solar “para el particular aprovechamiento
previsto en el plan”.
El precio establecido
por el TSJ se argumenta de la siguiente manera: “accediendo al informe del perito, justifica la valoración a partir
del cálculo de un valor de repercusión de 152,73 euros/m2 para el uso de
garajes, y de 700 euros/m2 para el uso residencial” más una edificalidad
establecida en 1.738 metros cuadrados, resulta un valor de 1.216.600 euros “al
que añadiéndole el valor de los garajes en planta baja, 846 m2, a razón de
152,73 euros/m2, que asciende a 129.209,
50 euros” lo que resulta un precio de 1.345.809,50 euros al que sumándole el 5%
del valor de justiprecio se establece en 1.413.100 euros al que hay que sumar
los intereses derivados durante estos años.
De este modo, el
Ayuntamiento de Aldaia se ve obligado a pagar más un millón y medio de euros
por la mala gestión del anterior Equipo de Gobierno puesto que no cabe recurso
a esta sentencia.
En cualquier caso, la
alcaldesa recordó que esta sentencia no es la única que demuestra “la mala
gestión del PSOE al frente del Ayuntamiento, ya que las expropiaciones del
Bonaire, el Cinturón Verde o Bigeco, también han costado dinero a los
aldaieros, porque en lugar de dinero para hacer cosas por Aldaia y los
aldaieros, nos han dejado deudas”.
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