El
presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General
del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la presidenta del
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG),
Esther Arizmendi, han suscrito hoy un protocolo
mediante el que ambas instituciones colaborarán en
diversas áreas de actividad con el objetivo común de
profundizar en el conocimiento y la aplicación de la
Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
El
texto del protocolo prevé la celebración de acciones
formativas, cursos, talleres, ciclos, conferencias y
foros de debate sobre la Ley de Transparencia
dirigidos a los miembros de la judicatura, en los que
colaborará el personal del CTBG.
Además,
miembros del CGPJ prestarán colaboración en las
acciones formativas organizadas por el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno destinadas a los
empleados públicos, en particular, y a los ciudadanos
en general.
Representantes
de ambas instituciones participarán también en los
seminarios, conferencias, mesas de debate, coloquios,
foros y charlas que organicen el órgano de gobierno de
los jueces y el CTBG, que estarán dirigidos a
profesionales, organizaciones, asociaciones, colegios
profesionales, medios de comunicación, profesorado
universitario y no universitario y tendrán como
objetivo divulgar la cultura de la transparencia y la
sensibilización social en todas las materias
relacionadas con transparencia activa y pasiva y buen
gobierno.
Por
último, miembros del Consejo General del Poder
Judicial colaborarán en la revista TRANSPARENTA,
editada por el CTBG.
El
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es el órgano
al que la Ley 19/2013 encomienda la función de
promover actividades de formación y sensibilización
para un mejor conocimiento por los ciudadanos de las
materias que regula.
Por
su parte, el CGPJ ha manifestado desde el inicio de su
actual mandato su interés en implementar una verdadera
política de transparencia en su funcionamiento, que
constituya un eje fundamental de su actividad,
convirtiéndose en un modelo de gestión transparente en
el contexto de las Administraciones y los órganos
constitucionales del Estado, yendo más allá del
cumplimiento de lo establecido en la propia Ley de
Transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
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