El conflicto entre el Ayuntamiento de Sagunt y la cementera
Lafarge ha puesto una vez más de manifiesto la división del equipo
de gobierno en esta cuestión. Así se ha constatado en el pleno que
se está celebrando en estos momentos en el consistorio de Sagunt en
el que se ha sometido a votación el dictamen desfavorable emitido
por el departamento de Urbanismo contra el pliego de condiciones
elaborado por la Conselleria de Medio Ambiente, para la continuidad
de Lafarge en la cantera del Salt del Llop.
Compromís y Podemos han votado a favor del dictamen desfavorable
sobre los pliegos de la Conselleria mientras EU y PSPV se han
abstenido, lo que ha supuesto el rechazo del informe de Urbanismo con
los votos en contra de la oposición. El discurso más beligerante a
sus socios de gobierno ha sido el del portavoz socialista, Paco
Crispín, quien ha mostrado el malestar de su grupo porque "al
final somos los últimos en enterarnos y conocer los documentos que
son básicos para tomar decisiones estando como estamos en el equipo
de gobierno".
Crispín ha destacado que el Partido Socialista está "a
favor de la continuidad de la empresa y de su traslado a la zona de
El Pinyal" y ha acusado a Compromís de "liquidar los
derechos de la empresa con una estrategia que es totalmente errónea,
y que va a permitir a Lafarge que continúe explotando la cantera de
Romeu hasta 2042, cuando podríamos haberlos sacado antes", ha
matizado Crispín.
Por su parte, el portavoz de EU, Guillermo Sampedro, ha
argumentado la abstención de su grupo con un "sí condicionado"
a la continuidad de Lafarge. "EU está favorable a la
continuidad de la empresa en el Salt del Llop y no bloquear la
tramitación en la que el Ayuntamiento de Sagunt tiene muy poquito
que decir. Sí estamos de acuerdo con la continuidad de Lafarge, pero
de manera condicionada, porque no hasta el 2042, sino hasta el 2035
tal y como se aprobó en pleno y EU está en contra de que Lafarge se
traslade a El Pinyal. Además, pedimos que se investiguen las
infracciones", ha apuntado Sampedro.
Sin embargo, la portavoz de Compromís, Teresa García, ha
destacado que lo que se trata es de "defender la propiedad
pública municipal de este ayuntamiento" y ha defendido el
informe emitido por el departamento de Urbanismo en el que se
detectan una serie de "irregularidades" en el pliego de
condiciones emitido por la Conselleria de Medio Ambiente.
El dictamen desfavorable explica que el Ayuntamiento de Sagunto es
el titular del monte catalogado de utilidad pública, como simple
administración informante que tiene un margen de maniobra de
formular apreciaciones y valoraciones que, sin embargo, no tiene la
administración pública que tiene el poder de decidir, que es la
Conselleria. Por ello, considera que, necesariamente, ante los datos
objetivos que se le han puesto de manifiesto por diversos cauces
durante la instrucción de su expediente, tiene la obligación de
verificar los mismos y valorar y ponderar hasta qué punto las
evidencias resaltadas pueden influir en la legalidad y validez en
derecho de la decisión pública de autorización de ocupación que
debe adoptar.
La edila de Medio Ambiente ha declarado, en este sentido que “el
problema de la tramitación de este expediente, y es un poco lo que
está remarcando desde el minuto 1 el Ayuntamiento de Sagunto radica
en el pliego de condiciones el cual está dando cobertura a todas las
irregularidades que acompañan al expediente. Intentar a través de
la resolución salvar aspectos como el de la legislación
urbanística, por ejemplo, es complicar un poco más la propia
tramitación del expediente. Sin embargo, el ayuntamiento y sus
servicios técnicos continúan haciendo referencia a esos
requerimientos de legalidad y dónde se encuentran las
irregularidades dentro del expediente y podemos pensar que la
Conselleria, a través de esta resolución está intentando paliar
los posibles errores que haya dentro de este pliego. Puede ser que
tanto las responsabilidades por delito ecológico como las
responsabilidades penales las salve pero, efectivamente, la propia
resolución si no se entra a cambiar donde está el problema, que es
en los pliegos, entonces es recurrible y, si al final la Conselleria
concede la resolución tal y cómo pretende hacerla, nosotros la
recurriremos y continuaremos cumpliendo y haciendo caso a aquello que
informan nuestros servicios jurídicos”.
La propuesta de dictamen desfavorable entiende que hay 12
argumentos desfavorables en contra del pliego que regirá la
ocupación del monte público. De estos, cinco son considerados como
cuestiones de estricta legalidad que han sido obviadas e ignoradas
por el órgano autonómico que tiene la competencia de decidir la
autorización.
La primera de las cuestiones legales en que la propuesta incide
son los indicios de vulneración grave de la concesión demanial para
la explotación de la cantera otorgada en 1988, declarado como un
incumplimiento muy grave por el pleno el 30 de mayo de este año al
haberse superado la cota de extracción de áridos por debajo de los
160 o 150m.
La segunda cuestión se refiere a la disconformidad municipal con
la superficie objeto de la concesión, dado que parte de esa
superficie afecta a terrenos en los que el uso extractivo es
incompatible urbanísticamente conforme a la delimitación gráfica
reflejo de las previsiones del artículo 277 de las normas
urbanísticas del PGOU de Sagunto.
La tercera cuestión hace referencia al plazo de vigencia de la
concesión, ya que el periodo de duración de la ocupación a
petición de Lafarge Cementos S.A.U entra en conflicto con los
máximos acordados por el pleno municipal en su sesión de 17 de
enero del 2017, que señalaba un plazo máximo de 10 años de
explotación. Sin embargo, el órgano autonómico propone autorizar
la ocupación del monte hasta 2042.
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