Fotografía de archivo (Vinarós (Castellón), 11/10/2010). EFE/ARCHIVO/Domenech Castelló
El Consejo de Estado urge a que haya una norma de rango legal para
abonar a Enagás los costes del mantenimiento del almacén de gas Castor y
pagar a los bancos el dinero que adelantaron para indemnizar a la
concesionaria Escal UGS, pues puede derivar en intereses que causen
perjuicio al Estado.
El órgano consultivo ha emitido cinco
dictámenes sobre la revisión de las liquidaciones del sistema gasista
tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la nulidad de
varios artículos del real decreto-ley que fijó la indemnización por la
extinción de la concesión a Escal UGS del almacén de gas Castor, tras
suspenderse en 2013 su operación por registrarse movimientos sísmicos en
las costas de Vinaròs (Castellón).
El Gobierno estableció
mediante un real decreto-ley una indemnización de 1.350,7 millones para
Escal UGS, participada por ACS, que se cargaría en el recibo del gas
durante 30 años.
Santander, Caixabank y Bankia adquirieron el
derecho de cobro de la indemnización, que abonó Enagás, y percibían las
cantidades que se le adeudaban a través de las liquidaciones del sistema
gasista, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC).
En diciembre de 2017, el Constitucional anuló varias
disposicioens del real decreto-ley que el Gobierno aprobó en 2014, por
el que se fijó la indemnización para los promotores del almacén, al
considerar que no concurría una situación de extraordinaria y urgente
necesidad para aprobar ese decreto.
Como consecuencia de ello, la
CNMC paralizó los pagos en enero de 2018, que iban a parar a los
bancos, que fueron los que se quedaron con los derechos de cobro por la
cantidad que adelantaron para que Enagás hiciera el pago a Escal UGS.
También
los paralizó para Enagás, operador del sistema gasista, al que el real
decreto-ley encomendó las labores de mantenimiento del almacén, que se
encuentra hibernado.
La CNMC ordenó, además, en julio de 2019 que
Santander, Caixabank, Bankia, Enagás y Escal UGS reintegraran al
sistema de gas natural 368,4 millones de euros que percibieron antes de
que la CNMC suspendiera los pagos.
El Consejo de Estado considera
pertinente que se anularan las liquidaciones a raíz de la sentencia,
pero señala que ello no implica que no haya que retribuir a Enagás por
los costes que ha venido asumiendo por el mantenimiento y operación del
almacén.
Asimismo, en el caso de los bancos, que formularon una
reclamación de responsabilidad del Estado legislador, algo que también
hizo Enagás, el órgano consultivo señala que si no se les reconoce las
cantidades a través de una norma con rango de ley, se produciría una
situación de "enriquecimiento injusto" a favor del sistema gasista.
A
juicio del Consejo de Estado, cuyos dictámenes fueron aprobados con un
voto particular en contra, los pagos deben reconocerse con cargo al
sistema gasista y no a la Administración General del Estado.
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