El Consell, a favor de liberar recursos pero en contra de forzar ilegalidades

Montero ha asegurado a los representantes del Gobierno de Canarias que llegará el dinero pendiente de la financiación autonómica para las comunidades "antes del 15 de diciembre"

EFE - 29/08/2019

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, durante la reunión este jueves en la sede del ministerio. EFE/Marcel Guinot

El Gobierno valenciano está a favor de la liberación de recursos para que las Comunidades Autónomas puedan financiar la prestación de los servicios que tienen transferidos, pero rechaza forzar al Ejecutivo central a cometer una ilegalidad para ello.

Así lo han asegurado a EFE fuentes de la Conselleria de Hacienda ante la reunión que ha mantenido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este jueves con el presidente canario, Ángel Víctor Torres, para tratar la financiación autonómica, entre las protestas de otros líderes autonómicos.

Montero ha asegurado a los representantes del Gobierno de Canarias que llegará el dinero pendiente de la financiación autonómica para las comunidades "antes del 15 de diciembre", según han señalado el presidente canario y el vicepresidente, Román Rodríguez.

Según Rodríguez, Montero está dispuesta a encontrar fórmulas y mecanismos, que no ha desvelado, para que ese dinero sea transferido antes de final de año, a pesar de las limitaciones que tiene el Gobierno por estar en funciones y con los presupuestos prorrogados.

Rodríguez le ha planteado a Montero la conveniencia de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, aunque la ministra no lo descarta, les ha comunicado que "está limitada" para tomar decisiones, al estar en funciones y con las cuentas prorrogadas.

Respecto a que esta situación afecte también a las transferencias económicas a las autonomías, Rodríguez le ha planteado que se tramite una ley "exprés" que dé cobertura al Ejecutivo central para librar los anticipos a cuenta de la financiación autonómica.

Desde la Generalitat han manifestado que si la propuesta de Canarias para que las Cortes Generales puedan dar cobertura al Gobierno para la aprobación de una 'ley express' que permita la llegada de los recursos a las comunidades es "legalmente viable", "bienvenida sea".

Asimismo, han destacado que la reforma del sistema de financiación es una cuestión "irrenunciable e inaplazable" para la Comunitat Valenciana, y que ésta no debe abordarse como un debate entre territorios, sino con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Estado del Bienestar en España.

La Generalitat defiende la necesidad de llevar a cabo un reequilibrio vertical de los recursos fiscales, y hasta que se disponga del nuevo modelo, aboga por articular un "mecanismo transitorio" que permita a las autonomías que están infrafinanciadas disponer de los fondos que necesiten.

En el caso de la Comunitat Valenciana, que según han recordado "es la peor financiada de España", consideran que también tiene que formar parte del debate el tema de la compensación de la deuda histórica por la infrafinanciación que han sufrido los valencianos durante años.

Los presidentes autonómicos del PP -Galicia, Andalucía, Madrid, Murcia y Castilla y León-, así como sus líderes regionales habían pedido la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre financiación autonómica.

Su propósito es que se aborde esos fondos pendientes de transferir a las autonomías, unos 7.000 millones de euros, entre las entregas a cuenta de 2019 y la liquidación del IVA de 2017.
Además, este partido ha anunciado que pedirá la comparecencia en el Senado de la ministra de Hacienda en funciones, para que dé explicaciones sobre el bloqueo de la financiación autonómica.

Ciudadanos ha dicho que pedirá su comparecencia y reprobación en el Congreso por "mentir" sobre el informe de la Abogacía del Estado que analiza la viabilidad de transferir recursos a las comunidades.

Hace unos días, la Generalitat dijo que iba a llevar al Gobierno a los tribunales para reclamarle 1.317 millones de euros pendientes de pago, mientras los presidentes socialistas, que reconocen la dificultades por la falta de fondos, han expresado la necesidad de revisar el modelo pero han cerrado filas con el Gobierno.

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