El Consell interpondrá un recurso contra el Real Decreto 310/2016, por
el que se regulan las características generales de las pruebas de la
evaluación final de educación Secundaria y Bachillerato.
Desde Educación se señala que, siempre dentro de la normativa
vigente, se ha tenido como objetivo minimizar los efectos negativos de
la LOMCE, por la que se implantaban las reválidas en el sistema
educativo.
El Consell ha justificado esta decisión de recurrir el decreto
que regula las llamadas reválidas por razones tanto pedagógicas como
prácticas. Obtener un resultado negativo en estas pruebas implica, según
el real decreto, la no titulación del alumno, dejando sin validez los
resultados obtenidos a lo largo de la etapa, con lo cual se relega a un
único momento la valoración de todos los aprendizajes adquiridos de
forma progresiva.
Por otro lado, las pruebas están claramente orientadas hacia
los contenidos, lo que contradice las finalidades de la evaluación
recogidas en la normativa, según ésta su propósito es evaluar el grado
de adquisición de competencias y objetivos generales de la etapa.
En el recurso se hace también referencia, igualmente, a los
elevados gastos de la realización de las mencionadas pruebas, por su
consideración de externas y la gran cantidad de pruebas que se deben
diseñar, coordinar, aplicar y corregir.
En el caso valenciano, y teniendo en cuenta el número de
alumnos, centros, pruebas, tribunales y comisiones, los gastos se
estiman en cerca de 950.000 , cantidad insostenible más aún cuando en
este curso las pruebas no tendrán consecuencias académicas, cosa que
hace suponer un alto grado de no participación.
Por último, también hay que tener en cuenta la paralización
organizativa que supondría la aplicación de las pruebas (se calcula en
unos 2.000 profesores durante 5 días los implicados en la realización de
las pruebas, cantidad que aumentaría en el momento de la corrección),
además de la incidencia en el calendario escolar.
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