El director general de
Administración Local, Toni Such, se ha reunido este martes con representantes
de los ayuntamientos de Altura y Navajas entre otros con el fin de informarles
de las medidas contra la despoblación y el rescate de municipios con especiales
dificultades financieras previstas en el plan aprobado el pasado 22 de marzo
por el Consell.
Este plan, que contempla
una dotación de 240 millones de euros hasta 2023, se arbitra a través de un
decreto ley cuya convalidación figura en el orden del día de la sesión de la
Diputación Permanente de Les Corts que tendrá lugar este miércoles. La
iniciativa busca ayudar a los 27 municipios de la Comunidad Valenciana que
presentan una situación de riesgo de exclusión financiera.
El director general de
Administración Local, Toni Such, y el director territorial de Presidencia en
Castellón, Adolf Sanmartín, se ha reunido en primer lugar con el alcalde de
Altura, Miguel López, y la concejala de Hacienda de Navajas, María Domínguez.
Toni Such ha señalado
que "se trata de explicar a los ayuntamientos el plan que hemos previsto
para cinco años y las ayudas que podrán recibir para rebajar el
endeudamiento". "El objetivo es que dejen de estar intervenidos y
puedan tener por fin unos presupuestos viables y disfrutar de unos servicios
públicos de calidad", ha indicado.
Medidas
El decreto contempla,
entre otras medidas, la posibilidad de que estas localidades puedan traspasar
suelo o activos inmovilizados a la Generalitat. Además, en el marco de los
planes extraordinarios de saneamiento, podrá autorizarse nuevo endeudamiento a
estas localidades.
El decreto ley también
prevé la financiación del gasto corriente de las entidades locales que tengan
especiales dificultades para la prestación de servicios públicos, así como la
cofinanciación de la carga financiera de los municipios que tengan un nivel de
deuda viva superior al 110% de sus ingresos corrientes liquidados.
Asimismo se incluye la
financiación de los déficits de explotación y amortización de instalaciones de
carácter municipal, supramunicipal o que pertenezcan al sector público, o que
estén inmersas en un plan de saneamiento tutelado por el Estado que obligue a
su equilibrio o cierre, o que haya sido reconocida como municipio de la Comunidad
Valenciana en riesgo de despoblación.
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