Pleno de Riba-Roja. / EPDA El pleno del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana ha ratificado el acuerdo del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria de
anular y solicitar una indemnización económica por daños y perjuicios contra la
empresa adjudicataria del conocido como PAI de San Rafael, en el que estaba
prevista la urbanización de 121.435 metros cuadrados en un área próxima a la
N-III y la AP7.
El
escrito del Consell Jurídic es una respuesta a la solicitud formulada por el
pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria de pasados del mes de julio en el
que demandaba de este organismo público una postura sobre la legalidad de los
actos adoptados por la administración local. La empresa promotora nunca cumplió
el plazo de 22 meses para llevar a cabo las obras.
El
dictamen del alto tribunal valenciano avala las decisiones del consistorio de
Riba-roja de Túria de proceder a la anulación del Programa de Actuación
Integrada (PAI) de San Rafael, adjudicado a la mercantil Promociones
Industriales Mafort, de anular el citado plan urbanístico por los múltiples
incumplimientos contraídos y de incautarse del aval de 159.000 euros.
La
resolución emitida por el Consell Jurídic Consultiu subraya en su escrito que
quedan demostrados “suficientemente” las razones aludidas por el Ayuntamiento
de Riba-roja de Túria contra la adjudicataria para resolver el convenio
bilateral “al haber quedado acreditado que la mercantil ha incumplido todos los
plazos de ejecución pactados en el convenio urbanístico”.
El alto
tribunal consultivo considera que la adjudicataria “deberá indemnizar a la
administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe
de la garantía incautada” y, además, añade que el acuerdo de resolución del
Ayuntamiento de Riba-roja de Túria “contendrá pronunciamiento expreso acerca de
la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía
constituida”.
El
Ayuntamiento de Riba-roja subraya que una de las partes importantes en el
convenio que en febrero de 2005 rubricó el entonces gobierno del Partido
Popular y la empresa son los 180.000 euros que la adjudicataria no llegó nunca
a ingresar en las arcas municipales como contraprestación económica por llevar
a cabo las obras previstas y diversas actuaciones municipales.
Cabe
recordar que el convenio aprobado entre ambas partes en el año 2005 supuso que
los 121.435 metros cuadrados calificados como suelo no urbanizable pasaba de
esta forma a ser considerado como industrial habida cuenta su cercanía a las
áreas de expansión de las principales arterias viarias como la N-III y la AP7, uno
de los enclaves más valorados del término municipal.
El pleno
del Ayuntamiento de Riba-roja ha desestimado las alegaciones planteadas por la
empresa adjudicataria ante el expediente de resolución del convenio mediante
acuerdo plenario por incumplimiento flagrante contractual, además de proceder a
la incautación de los 159.000 euros como garantía y una valoración de los daños
y perjuicios fijada, finalmente, en otros 39.000 euros.
El
convenio entre ambas partes obligaba a la empresa a hallar un depósito de agua
para abastecer a las futuras empresas, a la protección del denominado barranc
del Pozalet y a la aprobación del informe de impacto ambiental sobre la zona de
afectación. Además, se requería los informes del Ministerio de Fomento, la conselleria
de Cultura y la Dirección General de Aviación Civil.
El
alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha expresado su “satisfacción” por
la decisión adoptada por el Consell Jurídic Consutiu “porque ratifica
plenamente, punto por punto, una decisión que adoptamos en el pleno municipal
ante el incumplimiento por parte de una empresa y que ha supuesto un claro
perjuicio económico para el ayuntamiento ya que no recibió el dinero previsto
en su momento como contraprestación, por ello, continuamos en la línea por
defender los derechos del municipio”.
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