El Consell modifica el reglamento del Consell Jurídic Consultiu que incluye la obligación de justificar el criterio contrario

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra

El Consell ha aprobado el decreto por el que se modifica el Reglamento del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJC), aprobado por el decreto 138/1996 del Gobierno valenciano.

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell, que se trata de "una reforma técnica que amplía la seguridad jurídica del CJC, ya que se obliga a motivar tanto los criterios unánimes del pleno como de las discrepancias".

Oltra ha hecho hincapié en que "es importante que todos los órganos administrativos y los órganos estatutarios motiven sus decisiones. Y no solamente la decisión mayoritaria del pleno, sino también los posibles votos en contra o decisiones discrepantes que pueda haber".

Otra de las novedades es la incorporación de la figura del letrado o de la letrada mayor en el texto del Reglamento. La vicepresidenta ha explicado que esta figura "estaba creada por el propio órgano y ahora se procede a normativizar una decisión que ya existía".

El letrado o letrada mayor garantiza la seguridad jurídica en ciertos expedientes administrativos gestionados por esta institución, ya que emite informes en materias como personal, contratación, administración y gestión patrimonial de la propia entidad.

Asimismo, prevé la introducción de ciertos cambios de carácter procedimental en el trámite de audiencia de las personas interesadas en los expedientes que son sometidos a la consulta del Consell Jurídic Consultiu, de modo que sea concedida de oficio y no solo a instancia de la parte interesada.

Colaboración con las farmacias para gestionar las ayudas al copago

Por otra parte, el Pleno del Consell ha aprobado los convenios suscritos entre la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y los colegios oficiales de farmacéuticos de Alicante, Castellón y Valencia para gestionar las ayudas frente al copago de medicamentos y productos ortoprotésicos.

Ambos acuerdos, con vigencia desde principios de año, se derivan de los decretos 239/2015 y 240/2015 mediante los que se compensan los gastos relacionados con la protección de la salud y el seguimiento de los tratamientos médicos de personas con diversidad funcional y pensionistas a través de subvenciones.

Entre el 1 y el 14 de enero de este año, en el conjunto de la Comunitat Valenciana se han dispensado gratuitamente un total de 1.631.011 recetas a pensionistas por un valor subvencionado de 1.827.342,79 euros. Del mismo modo, se han tramitado 185.488 recetas a personas con diversidad funcional por un valor de 268.487,71 euros. La nueva normativa ha beneficiado a 490.579 pensionistas y a 65.744 personas con diversidad funcional.

Son beneficiarios de estas ayudas los menores de 18 años con declaración de discapacidad reconocida por el organismo competente en la materia, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % o los mayores de 18 años con discapacidad reconocida por el organismo competente en la materia con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, siempre que sean residentes en la Comunitat Valenciana y dispongan de la Tarjeta Sanitaria expedida por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública o documento de inclusión.

Respecto a los pensionistas de la Seguridad Social, son beneficiarios de las ayudas aquellos que tengan rentas inferiores a 18.000 euros con un régimen de aportación farmacéutica asignado TSI 002-01 y que sean titulares de la Tarjeta Sanitaria expedida por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, cuyo garante sea el INSS.

Nombramientos

Asimismo, el Consell ha aprobado el nombramiento de Raquel Huete como directora general de Turismo de la Generalitat Valenciana.

Raquel Huete Nieves es profesora titular en el Departamento de Sociología de la Universidad de Alicante, licenciada y doctora en Sociología por la misma universidad y diplomada en Turismo por la Escuela Oficial de Turismo de Madrid. Hasta su incorporación a la universidad trabajó en varias empresas relacionadas con el sector turístico y con la investigación social.

El Pleno del Consell ha designado también a diez de los 22 presidentes y presidentas de las juntas rectoras de los Parques Naturales de la Comunitat Valenciana.

Los diez nuevos presidentes son Joana Cerdà, que presidirá la Junta Rectora del Parque Natural de la Tinença de Benifassà; Ezequiel Llorach, la de Serra Irta; Xavier del Señor, la de Illes Columbrets; Francèsc González para el Desert de Les Palmes; Carme Orenga, que hará su labor en el Parque Serra d'Espadà; Carles Ferris, para Serra Calderona; Víctor Navarro, para el de L'Albufera; Salvador Martínez para la Marjal Pego-Oliva; Joan Sala, el Montgó, y, finalmente, Vicent Sansano, el Fondó Elx-Crevillent.

Las juntas rectoras son órganos colegiados de carácter consultivo y en las que están representados los diferentes intereses sociales y económicos directamente implicados en la gestión activa de los Parques Naturales. Su función consiste en informar sobre asuntos tan importantes como los Planes Rectores de Uso y Gestión (PORG) o los planes de Prevención de Incendios Forestales, entre otros temas.

Luchar contra la desigualdad

El Consell ha acordado impulsar la creación de la Alianza de Ciudades por el Desarrollo Sostenible, destinada a sensibilizar a la sociedad valenciana sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático.

A propuesta de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, el Consell busca implicar a los pueblos y ciudades de la Comunitat Valenciana en la información, difusión, sensibilización y compromiso de los ODS y promover la adopción de enfoques integrales y participativos, así como el buen gobierno de las ciudades en todos los ámbitos del desarrollo sostenible, equitativo e incluyente.

La Alianza de Ciudades Sostenibles no conlleva ningún coste económico y es una iniciativa más para mejorar el impacto positivo de la política del Gobierno del Botánico en cooperación y desarrollo, con el fin de contribuir a erradicar la pobreza, las desigualdades y promover el desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental con un enfoque integral.